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Si alguien entra en la página oficial de Catsalut, organismo dependiente del Gobierno de la Generalitat, podrá comprobar que Cataluña se divide en siete regiones sanitarias. Una de ellas se llama “Región Sanitaria de Barcelona” y está dividida en tres ámbitos. No son tres regiones diferentes sino tres partes de la misma. A pesar de ello, el ejecutivo que preside Joaquim Torra ha anunciado que se trata de tres regiones diferentes ignorando sus propias disposiciones. Los carlistas de Junts per Cat empezaron cuestionando las leyes generales del Estado (cuando no les gustaban) y han acabado por llegar a la pura arbitrariedad y cuestionar hasta las normas propias. Todo con tal de conseguir hundir a la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, la Cataluña que no vota lo que ellos quieren. De ahí que las tres zonas sanitarias sigan oficialmente incomunicadas y, por si a alguien de, por ejemplo, los Vallès, se le ocurriera intentar entrar en Barcelona, ahí están para impedírselo los fanáticos que vuelven a cortar la Meridiana. Con apoyo oficial, ¡faltaría más! Contra Barcelona, y eso desde los tiempos de Jordi Pujol, el defraudador, todo vale.

No se trata de cuestionar las limitaciones territoriales de movimientos. Se tome el criterio que se tome, cualquiera puede argumentar que se producen incongruencias. Basta con un poco de habilidad en el uso del lenguaje. De modo que lo discutible no son los límites sino la arbitrariedad. Si para el Ejecutivo de Torra hay siete regiones sanitarias y ése es el criterio, ¿a santo de qué inventarse luego los subsectores que parece pensados exclusivamente para aislar a la ciudad de Barcelona?

Torra y sus hooligans discutían que el Gobierno central fuera quien aplicara los criterios territoriales aduciendo que ellos, que son de aquí (como si Salvador Illa fuera de Crimea), conocen mejor el territorio. Es evidente que no es así. Cualquier barcelonés metropolitano sabe que en el continuo urbano que va de Blanes a El Vendrell no hay más separación que la administrativa y arcaica, heredada del código napoleónico. Cualquiera puede coger el metro en el Baix Llobregat y adentrarse sin problemas en el Barcelonés; cualquiera puede viajar en tranvía entre Badalona y Barcelona; o ir de Sant Joan Despí a la Diagonal barcelonesa, del mismo modo que viajar en metro desde Santa Coloma a Cornellà con apenas un transbordo. Los únicos que, según parece, no lo saben son los miembros del gobierno de la Generalitat. Aunque podría ser que lo supieran y su objetivo fuera, precisamente, perjudicar al territorio metropolitano que se les resiste. Sin descartar que sólo sean unos chapuzas.

Hasta 30 alcaldes metropolitanos les han explicado su error, sin que Torra haya movido un músculo. Igual cree que en Barcelona rigen las mismas pautas de comportamiento que en su pueblo, donde su hermana y otros matones pueden apabullar a los concejales de la oposición para imponer el criterio propio, sea legal o no.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha sumado a la petición de los alcaldes metropolitanos, aunque con cierta timidez. Es de la opinión, sostiene, que ahora conviene unidad y diálogo. Y es cierto que la consejera de Salud, Alba Vergès, se ha mostrado colaboradora, hasta cierto punto. Pero al mismo tiempo el líder municipal de ERC, Ernest Maragall, arremetía contra el gobierno municipal. Y es que para los independentistas, la normalidad consiste en boicotear a Barcelona. Interpretando las leyes o usando a los reventadores de la Meridiana. Se echa en falta más energía en Colau para defender a los barceloneses, porque si actúa buscando lealtad institucional, ya ha podido ver cómo le pagan.

Al final, si en algún momento Cataluña fuera de verdad independiente, el independentismo habría conseguido algo cabal: que la región metropolitana pidiera media hora después la propia independencia para no seguir siendo torturada.

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