La decisión del grupo municipal de los comunes de someter a votación entre sus bases la aprobación o rechazo del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona sólo tiene un nombre: dejación de funciones. Si se prefiere en un lenguaje más coloquial: quitarse el muerto de encima. En modo alguno puede plantearse como un incremento de la participación ciudadana, entre otros motivos, porque hace unos días no llevaron a consulta el voto sobre los presupuestos del gobierno catalán. Si alguien pretendiera afirmar que se trata de una muestra de participación democrática, bastaría echar un vistazo a los números: 155 personas han decidido por los algo más de 131.000 votantes de las pasadas elecciones. Y lo que es más grave, según datos de la propia organización, tenían derecho a participar en el plenario unos 1.500 afiliados.

A veces se dice que votar siempre es democrático, lo que no pasa de ser una tontería notable. Hay asuntos que no pueden ser sometidos a votación y, si lo son, la decisión de la mayoría es nula, porque hay derechos inviolables. Se olvida con frecuencia que la democracia es adoptar la decisión de la mayoría, respetando los derechos de las minorías. Y es que los derechos no pueden ser violentados por la pura voluntad numérica. La mayoría no puede legitimar el uso de la tortura (al menos en democracia) ni decidir la eliminación de los glotones en nombre de la redistribución de los alimentos. Como mucho podría racionarlos.

El sistema político español contempla elecciones a cargos e incluye la delegación de la toma de decisiones. Los cargos electos (diputados, senadores, concejales) no pierden el acta, salvo por sentencia judicial firme (es decir, de varias instancias, porque está claro que de un solo juez no hay que fiarse y aun de varios caben dudas). Los elegidos no responden ante las organizaciones que los incluyeron en las listas. Se ha visto en el caso de José Luis Ábalos. Y es así porque se supone que representan a la ciudadanía y no al partido. Los únicos que pueden pasar factura son los electores, cuando toque y si lo consideran oportuno.

Cuando el grupo municipal de Ada Colau sometió su apoyo a los presupuestos a consulta, vulneró el acuerdo con los electores. El grupo municipal, por supuesto, tiene derecho a discrepar de las propuestas de Jaume Collboni y a rechazarlas al completo, pero es una decisión de los concejales y ellos deberían de saber qué medida adoptar, visto que se presentaron con un programa de actuación. ¿Qué se ajusta más al mismo, el voto afirmativo o el voto negativo emitido? Esa es la cuestión. Si no lo sabían, mal asunto.

Estos comportamientos asamblearios son propios de grupos con escasa articulación interna y más atentos a los aspectos publicitarios que a los programáticos. Los partidos estables no necesitan consultar con las bases (aunque algunos tal vez consulten con directivos del Ibex). En Cataluña quienes han recurrido a estas artimañas son, además de los Comunes, la CUP (con resultados creativos como un empate increíble) y Junts. También la ANC, con votaciones cuyos resultados son tan poco de fiar como los del pseudoreferéndum del 1 de octubre. Esquerra es un caso diferente porque es en sí mismo un partido asambleario. Cuando una dirección lanza un órdago a las bases lo hace, si es seria, defendiendo una postura y corre el riesgo de tener que dimitir si ésta no es refrendada, con participación relevante. Lo acaba de hacer el primer ministro irlandés.

Nada de eso ocurría en la reciente consulta de los comunes y el resultado ha sido, en realidad, un carnaval: ha dejado las manos libres al grupo municipal. Un viaje para el que no hacían falta alforjas porque ya las tenían. Lo que pretendían Colau y compañía no era recibir instrucciones sobre cómo votar, sino sacudirse las pulgas por si los lectores entendieren que se han equivocado. Sobre todo, tras comprobar que su rechazo a los presupuestos de ERC ha tenido consecuencias imprevistas en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
En las próximas elecciones, si hay una lista de los comunes o algo equivalente, sus candidatos deberán explicar que tienen un programa veleta y que, cuando no entiendan qué se aproxima más al mismo, lo debatirán en una tertulia en la que no se dará voz a los votantes que no tengan carnet.

Los comunes tienen derecho a cuestionar el sistema electoral representativo, pero no consta que esa sea una de sus prioridades. En cualquier caso, valdría la pena que explicaran qué piensan ser cuando sean mayores. Igual su objetivo es parecerse a Podemos o a Ciudadanos, partidos que quisieron ser y están rozando la nada.