La emergencia social consecuencia de la crisis de 2008 provocó que miles de personas perdieran su vivienda. Por no poder pagar el alquiler o por no poder asumir la hipoteca que se concedía alegremente en los años expansivos. La situación obligó a arbitrar leyes protectoras para estas familias en materia de vivienda, pero también de servicios. Sin embargo, algo hemos hecho mal, porque la Ley además está amparando a las mafias y a los caraduras.

Las mafias que hacen de la desgracia ajena un pingüe negocio. Los miles de pisos vacíos en manos de las grandes tenedoras y de los bancos, ofrecían un campo de trabajo para sus fines. Además, el argumentario utilizado contaba con el beneplácito de una sociedad que señalaba culpables a todos aquellos que habían arrancado de cuajo sus esperanzas de futuro.

Muchas familias se pudieron hacer con un piso de alquiler social y otras okuparon fincas vacías. Las mafias incluso les conseguían pisos que sabían vacíos, previo pago de sus pocos ahorros. Así crecieron. Ahora amplían su abanico de acción a cualquier tipo de piso que este vacío, aunque sea porque sus inquilinos se han ido de vacaciones. Cuando los legítimos propietarios intentan recuperar sus pertenencias, se enfrentan a una ley permisiva y protectora del okupa, y a un proceso que se les antoja interminable. Dentro del piso gente necesitada, sí, pero últimamente imperan los caraduras. Esos que se cobijan bajo los que realmente padecen, para vivir sin pagar. Sin pagar el piso, sin pagar el suministro, y, sobre todo, sin ni un ápice de civismo en muchísimas ocasiones. Ya demasiadas.

En algunas situaciones, la presión vecinal ha surtido efecto. En otras, la contratación de empresas de desokupación, que van por el filo de la balanza de la legalidad, también. De verdad, que ¿esta es la solución? ¿No habremos hecho algo mal? ¿No sería necesaria una revisión de la ley que evitara que fuera uso y abuso por parte de unos personajes que se aprovechan de una legalidad que permite, quién lo diría, una ilegalidad flagrante? Y, ¿por qué es tan difícil poner en marcha una política social que dé cobertura a esta lacra social con promociones públicas de alquiler? Eso sí, al margen de ocurrencias de obligar a un porcentaje de vivienda social en las promociones privadas, porque eso está condenado al fracaso. El Ayuntamiento debería recuperar el tiempo perdido en fomentar la vivienda social y dejarse de veleidades que le hacen cómplice de una ley que no es ni ética ni estética.

Lo que estamos viendo desde hace años demuestra que la actual legislación da aire a todos aquellos que se aprovechan de la desgracia ajena y atentan contra la propiedad privada. Te roban el piso y no puedes hacer prácticamente nada. Y si lo recuperas, prepárate para esperar porque los que te han usurpado el piso están amparados por la ley y lo podrán dilatar a discreción. Así se sienten esos pequeños propietarios. La sociedad evoluciona, los problemas también, y la ley no puede ir arrastrando los pies. Conviene un cambio de legislación que haga compatible el derecho a la vivienda y a la protección social, pero que deje sin protección a aquellos que son poco más que chupópteros sociales.