Barcelona y Madrid sufrieron una salvaje huelga del taxi. En las dos ciudades, gobiernan candidaturas próximas a Podemos. Manuela Carmena en Madrid. Ada Colau, en Barcelona. Los ciudadanos fueron secuestrados por una huelga que bloqueó la ciudad. En Madrid, el Paseo de la Castellana. En Barcelona, la Gran Vía. Sin embargo, la actitud de Carmena y Colau difieren sensiblemente. Carmena ejerció de alcaldesa. Colau, de activista, tomando parte de forma descarada por los taxistas dirigidos por Tito Álvarez, un líder sindical que ni tiene taxi ni es taxista, y que ha recuperado algunas prácticas que, siendo moderados en el epíteto, rayan el matonismo.

Carmena en los días de huelga actuó como alcaldesa retirando los vehículos que bloqueaban la Castellana. Ni quitó ni puso rey, se limitó a ejercer un papel institucional y velar por los intereses de los ciudadanos. De todos los ciudadanos, manteniendo la convivencia. Colau se puso de perfil. Los taxistas barceloneses camparon a sus anchas secuestrando la ciudad, mientras que la alcaldesa hacia caso omiso del caos que imperaba. No movió un dedo, porque para Colau la huelga de taxis fue un acto electoral defendiendo “a los trabajadores del taxi” -algo cuestionable, lo de trabajadores cuando hay muchas empresas que controlan el sector- contra “las multinacionales que no pagan sus impuestos” -otra cuestión con interrogantes porque existían también trabajadores y empresas con domicilio social en Cataluña-.

Carmena ha seguido actuando. Los taxistas han recibido 1500 denuncias por el bloqueo de la Castellana -aparcamientos indebidos- y por las marchas lentas que bloquearon el tráfico. Más de 40.000 euros en denuncias y con penalización de 6 puntos en el carné de conducir. Colau no ha hecho nada de nada.

No entro en el debate sobre la regulación de fondo entre el taxi y los VTC. Eso es harina de otro costal. El debate es qué papel debe tomar un consistorio ante un conflicto que afecta gravemente la ciudad. No es posible que nuestra señora alcaldesa favorezca al taxi en detrimento de la mayoría de los ciudadanos porque barceloneses somos todos. Los taxistas están en su derecho de defender sus intereses. pero no tienen el derecho de “joder” a todo el mundo. Y la alcaldesa tiene la obligación de evitar que los derechos de una mayoría queden pisoteados. Sorprende, además, que nuestra señora alcaldesa mire los conflictos desde diferente prisma. Ahí tenemos a los trabajadores del Metro que pidiendo –“la barbaridad inasumible”- de un protocolo de actuación ante el amianto, que se ha cobrado alguna vida y hay trabajadores enfermos, son maltratados por Colau, llegando al menosprecio. Una sugerencia a los trabajadores del Metro: háganse taxistas. Así Colau les hará caso. Es más, se dejará la piel. Es lo que tiene tener una persona al frente del consistorio que no sabe la diferencia entre su papel institucional y su papel de activista. Que aprenda de Carmena. No estaría mal.