Me asegura un amigo abogado que Olga Tubau es una letrada excelente. Tal vez por eso, sus tarifas no son precisamente baratas. Quien se las pueda permitir a la hora de abordar sus problemas con la justicia hará bien en contratarla: fijémonos en lo bien que le salieron las cosas al major Trapero, limpio de polvo y paja y de nuevo al frente de la policía autonómica. Los triunfos judiciales, pues, para quien se los pueda pagar, no en vano estamos en una sociedad capitalista y quien tiene monises —no hace falta recurrir a ejemplos foráneos como el de O.J. Simpson, que se cargó a su mujer y al amante de ésta y se salió de rositas, aunque desangrado por sus abogados, eso sí— tiene más posibilidades de salir bien parado en un proceso que quien no tiene donde caerse muerto.

Nuestra flamante concejal de urbanismo, Janet Sanz, piensa recurrir a Olga Tubau para intentar salir bien del fregado en el que se ha metido con su peculiar gestión de la casa Buenos Aires. Hasta ahí, nada que objetar. El problema se plantea cuando nos enteramos de que los abultados honorarios de la señora Tubau —espero que no se eche a llorar, como hizo con Trapero, pues aún siendo una medida eficaz, resulta ligeramente impresentable: para ir al juzgado hay que salir llorado de casa— los vamos a pagar los contribuyentes. Parece que Sanz no se fía de los abogados que trabajan habitualmente con el Ayuntamiento, pero tampoco está dispuesta a pagarse de su bolsillo a una abogada de campanillas como la señora Tubau. Una cacicada más, me dirán ustedes, de las que ya estamos muy acostumbrados a encajar por parte de la administración Colau. Puede que el siguiente en recurrir a los servicios de tan insigne letrada sea Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, cuya dimisión piden diecinueve asociaciones de vecinos y cuyo historial cuenta con páginas tan gloriosas como la municipalización del agua o la creación de una funeraria municipal de la que no se sabe gran cosa. Una queja que hermana a esas diecinueve asociaciones es la de que Badía solo habla con los que piensan como él, mientras basurea a los que piensan otra cosa o no piensan nada concreto y solo aspiran a que las cosas en su barrio vayan un poco mejor. También lo acusan de displicente, sobrado y perdonavidas, pero esa descripción le cuadra a cualquier militante de los comunes, empezando por nuestra querida alcaldesa y siguiendo por la señora Sanz.

Hace tiempo que los comunes practican una suerte de despotismo ilustrado que no es de recibo. Ellos siempre saben lo que nos conviene mejor que nosotros. De ahí el urbanismo táctico y otras maravillas. Quien les lleva la contraria es tildado inmediatamente de reaccionario y de hacerle el juego a la derecha. Y es que ellos valen mucho. Por eso la señora Sanz no se conforma con cualquier leguleyo a sueldo del consistorio y necesita recurrir a una primera espada del Derecho. Pagando nosotros, eso sí: se habla de una minuta mínima de entre 50.000 y 60.000 euros. Eso, si la cosa se resuelve rápidamente a su favor: si el asunto se complica y se alarga, la factura nos saldrá considerablemente más abultada.

Janet Sanz tiene derecho a salir del lío en que ella misma se ha metido al hacerle la pascua a un fondo de inversiones con malas pulgas y al compadrear con sus amigos los okupas. Indudablemente, las lágrimas de Olga Tubau obran maravillas, como pudo comprobar el ínclito Trapero —al que el nuevo gobiernillo puede acabar soplándole las pelotas de espuma—, pero salen un poco caras y no tiene por qué pagarlas el contribuyente.