El próximo día 31 se suprimirán algunos peajes de las autopistas catalanas. Pero no todos. Sólo los de las vías dependientes del gobierno central. Los de las concesiones hechas por la Generalitat seguirán vigentes durante años. Entre los que se mantienen, varios de ellos están situados en el Área Metropolitana de Barcelona: el túnel de Vallvidrera y la prolongación del mismo hasta Sant Cugat, Terrassa y Manresa. También la autopista llamada Pau Casals, entre Castelldefels y El Vendrell. Ésta última tiene la concesión dividida en dos tramos. El primero llegaba hasta Sitges y debía haber expirado el año que viene, pero el Ejecutivo catalán decidió prorrogar el negocio privado hasta 2039. También prorrogó la explotación del túnel del Cadí, que debía haberse convertido en propiedad del gobierno catalán en 2019, pero no lo hará hasta 2024. Si antes no se decide lo contrario.

Hay algo grotesco en la situación que se vivirá a partir del 1 de septiembre. ERC, partido que se apuntó a todos los movimientos antipeaje que se han vivido en Cataluña, seguirá manteniendo el pago en las vías que dependen de la Generalitat sin que ni a Oriol Junqueras ni a Pere Aragonès se les caiga la cara de vergüenza. Porque hay que recordar que se sumaron en 2012 a la campaña no vull pagar con entusiasmo un tanto cínico. En aquella ocasión al menos, CDC se opuso a la supresión de los peajes e incluso el que era jefe de prensa de Artur Mas (¿alguien se acuerda aún de Artur Mas?) Joan Maria Piqué se marcó unos tuits contra los que protestaban en las barreras de las autopistas. Piqué, relacionado con el movimiento integrista católico Opus Dei, sigue teniendo cargo público. Hay quien sostiene que la defensa de los peajes hecha por el partido del 3% se debió al trato preferente que las concesionarias daban a su ex consejeros, varios de los cuales se convirtieron en miembros del consejo de administración de alguna empresa de autopistas después de haber dejado el cargo público. En un acto de pura coherencia, sus sucesores votaron a favor de compensar a los inversores por el fracaso de las radiales de Madrid. Y es que para la derecha (PP y JxCat) la empresa es la base de la vida económica. Aunque hay quien dice que su actitud respondía más bien al dicho castellano: es de bien nacido ser agradecido.

El movimiento No vull pagar tuvo mucha resonancia mediática pero fue escasamente efectivo. A la que se cursaron cuatro multas contra los manifestantes, se acabó la protesta. Nada que ver con la tarea llevada a cabo por la Declaració de Gelida, liderada por Jordi Carrillo, prematuramente fallecido en 2003. Carrillo encabezó un movimiento que era inicialmente parcial: pretendía que se revisara la infinita injusticia que suponía para los residentes en Gelida, Sant Sadurní o Vilafranca pagar la misma cantidad que los que seguían hasta El Vendrell por la AP-7. Pronto Carrillo se dio cuenta de que el problema era más amplio e impulsó una serie de estudios que, además de lograr el primer objetivo (la revisión de las tarifas de los residentes en el Penedès), forzó a los partidos a definirse ante el problema. Unos, como ERC, optaron por la demagogia; otros, como CDC, por la defensa de determinados intereses; otros más, en cambio, se tomaron el asunto en serio. Entre los que colaboraron decididamente con Carrillo estaban el entonces diputado socialista en el Congreso, Germà Bel; Montse Tura, que ocupaba la alcaldía de Mollet, población también afectada por un sobrepeaje que ahora decae, y los diputados en el Parlament Manel Nadal (PSC) y Joan Boada (ICV), quien vinculó siempre el abuso de las concesiones con las escasas inversiones en transporte público ferroviario de cercanías (los trenes que usa la mayoría de la gente para ir a trabajar).

Han pasado casi 18 años desde que falleció Jordi Carrillo, pero sus trabajos han servido para que el gobierno central no se haya atrevido a aprobar nuevas prórrogas de los peajes. No han servido, en cambio, para que quienes reclamaban la supresión de las autopìstas de peaje (ERC y luego la CUP) al grito de España nos roba los eliminen ahora desde el Gobierno. Quizás piensen que si los que roban son de aquí la cosa es menos grave. Después de todo, la vida del político es muy corta y conviene reservar algún consejo de administración para cuando ya no se pueda usar el coche oficial. Además, estar en los consejos de administración de las concesionarias tiene la ventaja de que los peajes te resultan gratis.