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Desde hace ya demasiado tiempo que estamos soportando en la ciudad de Barcelona un incremento descontrolado de las okupaciones ilegales. La alcaldesa Ada Colau con su permisividad contribuye de forma muy activa a un intento de blanqueamiento que genera un importante efecto llamada. Y es que no hace falta recordar el pasado okupa de la ahora alcaldesa quien, entre otras imágenes para el recuerdo, pudimos ver en un documental de una cadena francesa como reventaban la puerta de un domicilio para proceder a su posterior okupación ilegal.

Es ese “amiguismo” con el movimiento okupa el que ha contribuido a convertir Barcelona en el epicentro del problema de la okupación en nuestro país. Pese a que esta misma semana Ada Colau negaba que las okupaciones ilegales hubieran crecido en Barcelona, en contraste con las declaraciones en rueda de prensa de su responsable en seguridad que confirmaba que se habían producido 356 denuncias por usurpaciones de viviendas entre los meses de julio y agosto. Es decir, casi 6 denuncias diarias por okupaciones ilegales. ¡Una de dos… O Colau nos miente o no se entera!

Aunque viendo los problemas y la alarma social que el fenómeno de la okupación está generando, así como las cifras que cada día se publican, está claro que la alcaldesa nos miente cuando niega el crecimiento exponencial de las okupaciones en la ciudad. Nada que sea de extrañar, pues por todos es conocido el ferviente ataque de los comunistas a la propiedad privada (nunca a la suya claro, siempre a la de los demás). Y la alcaldesa es una comunista de manual.

Tan solo si nos fijamos en las cifras facilitadas por el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), dependiente del Ministerio del Interior, comprobaremos que Cataluña sigue siendo la autonomía con más índice de okupación ilegal, y que la provincia de Barcelona es la que concentra mayor número de casos, donde durante los seis primeros meses de este año, el número de casos denunciados fue de 2.644, aunque la cifra real seguro que es muy superior. Como comentaba antes, la ciudad no es una excepción con esas 356 denuncias por okupaciones ilegales en tan solo los dos meses de verano (casi 6 diarias).

A todo ello se suma la estrecha colaboración que siempre ha existido entre el movimiento okupa en la ciudad con el equipo de gobierno, y que se demuestra entre otros en los talleres que se imparten para “la liberación de espacios” o para que aprendas cómo no pagar el recibo de agua en otro taller muy instructivo titulado “¿Estás okupando un piso y no tienes agua?”. O en casos aún más perversos como el de la antigua comisaria de la calle Nil Fabra de Gràcia, propiedad del Patronato Municipal de Vivienda, donde se les pagaron las reformas de más de 95.000 euros para entregar posteriormente a sus okupantes el local a un precio simbólico de poco más de 600 euros. Por tan solo enunciar algunos ejemplos, pero que podríamos sumar a los conocidos en Can Vies, Hort de la Vila, Tres lliris, etc.

Frente a esta situación preocupante y de escalada del fenómeno de la okupación ilegal, desde el Partido Popular siempre hemos exigido que se endurezcan las leyes y las medidas a aplicar para proteger a las clases medias ahorradoras y evitar la usurpación de la propiedad por las mafias organizadas que existen en nuestra ciudad. Presentamos en el Congreso una Ley Antiokupas, en la que proponíamos que los inmuebles okupados no se consideren domicilio y que no se pudieran empadronar en el mismo, que se recuperara la aplicación del delito de usurpación con penas de 1 a 3 años de prisión, que la policía pueda echar a los okupas en un máximo de 48 horas, y que las comunidades de vecinos y personas jurídicas puedan actuar directamente y con mayor celeridad.

A lo que hay que sumar que desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona también hemos solicitado en la próxima comisión de derechos sociales y vivienda, la creación de una Oficina de Asesoramiento Antiokupas para asesorar a aquellos propietarios que sean víctimas de una okupación ilegal. Porque ante la grave situación que estamos viviendo en Barcelona no puede ser que sus vecinos se encuentren sin el amparo legal ni municipal para resolver los problemas en su propiedad. Es necesario que exista una oficina de atención ciudadana antiokupas para proteger la propiedad privada frente a la usurpación, garantizando el derecho consagrado en nuestra Constitución, ya que sin propiedad no existe democracia.

Óscar Ramírez, Concejal Portavoz Grupo Popular y Presidente del Partido Popular en Barcelona

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