Verano de 2015: 15 agentes de la Guardia Urbana fueron heridos por manteros. “Estamos dolidos”, lamentaron los sindicatos policiales. Verano del 2021: “El Ayuntamiento debería apoyar a los policías cuando reciben agresiones”, denuncia un portavoz sindical. Han pasado seis veranos desde que Ada Colau pisó la alcaldía con promesas electorales como suprimir la Unidad de Antidisturbios de la Guardia Urbana y traspasar sus funciones de orden público a los Mossos d’Esquadra. Disolver de manera progresiva las unidades de policía administrativa y de seguridad e integrar a los agentes en otras funciones. Crear un Observatorio de Cumplimiento de los Derechos Humanos para supervisar las actuaciones policiales que pudiesen dar lugar a abusos y a denuncias ciudadanas. Derogar la Ordenanza de Civismo que prohibía beber en la calle si se molesta a los vecinos, regulaba la prostitución callejera y la venta ambulante. Y retirar toda acusación contra imputados por desórdenes públicos y solicitar indultos para los condenados por asediar el Parlament.

Después de un sexenio de acoso y derribo de un cuerpo policial con más de un siglo de historia, su actual jefe y los sindicatos lamentan “la pérdida de autoridad y la falta de respeto a la autoridad de los últimos años”. Lo raro es que hayan tardado dos trienios en descubrir que una de las obsesiones de su comandanta con antecedentes de okupa, antisistema y saboteadora de actos democráticos era y es descomponer y destruir todo aparato policial que pueda. Con cómplices como el abogado trepador Jaume Asens, que se quedó con la unidad de asuntos internos para convertirla en un grupo de espías al servicio de su partido. Con la concejala Gal Pin, que chivaba las redadas policiales. Con el concejal autobusero Josep Garganté, al que retiraron del cargo por bruto, agresivo y lenguaraz. Y por el comisionado Amadeu Recasens, que trabajó para el Ministerio de Interior en tiempos de Felipe González y la guerra sucia.

Con semejante cuadrilla, aquel primer verano bajó la presión policial sobre los vendedores ambulantes y Colau aumentó la presión sobre la Guardia Urbana. Así, retiraron a los agentes de paisano y a los antidisturbios de un festival internacional multitudinario y de riesgo como era el Sónar. “La seguridad de la ciudad está comprometida”, alertó un sindicalista. Y reveló que el presunto equipo de gobierno actuaba “movido por una voluntad de revancha, porque lo que no ganaron en los tribunales en caso del 4-F quieren ganarlo con su acción política”. Se refería a la campaña de mentiras y calumnias contra la policía local orquestada en el documental Ciutat morta sobre la emboscada que dejó a un agente inválido de por vida y su agresor chileno resultó ser un asesino en Zaragoza.

El objetivo de Colau como primera autoridad de Barcelona siempre ha sido socavar el respeto a los ciudadanos que visten de uniforme para prestar un servicio a la ciudadanía. Para humillarlos más todavía, les ordena ser cómplices necesarios de los cortes de la Meridiana y de los daños económicos colaterales. Ella y su camarilla hacen bueno el tópico que dice que los que más gritan cuando les roban son los que simpatizan más con el ladrón que con el policía. Por eso, cuando el lumpen y las masas ebrias de camorristas atacan a la policía y no respetan la autoridad, Ada Colau puede felicitarse por su única misión cumplida.