En 2015, cuando Ada Colau llegó a la alcaldía por primera vez, el Ayuntamiento de Barcelona creó la Unidad Antiacoso de Disciplina de Vivienda. El nombre es suficientemente explícito como para hacer innecesarias aclaraciones adicionales, aunque conviene recordar que la recesión de 2008 había hundido el mercado inmobiliario, que los bancos tuvieron que desprenderse de lo que entonces se llamaba activos tóxicos, heredados de sus clientes insolventes, y que estos cayeron en manos de fondos de inversión a precios de saldo.

Esta semana hemos sabido que en sus cinco años de existencia la unidad municipal ha hecho 118.587 inspecciones, pero que solo ha abierto 926 expedientes y ha impuesto multas por valor de dos millones de euros --no se sabe cuánto ha recaudado de verdad--, y que el 58% de las sanciones se aplicaron a grandes tenedores por mantener viviendas vacías; eran 10.052, de las que 196 han vuelto al mercado.

Curiosamente, solo se han resuelto 14 situaciones de acoso y se ha podido mejorar las condiciones de alquiler de 637 ciudadanos, según el balance municipal, que subraya los datos como si fueran un logro extraordinario para cinco años de actividad. A la luz de los resultados, no se puede decir que haya sido un éxito: no salen ni cuatro situaciones de acoso al año, cuando a decir del propio enunciado del departamento ése era su objetivo fundamental.

El fracaso del proyecto no tiene nada que ver con la capacidad o el empeño de los inspectores, sino con la orientación del departamento. Entre 2009 y 2014 se produjeron numerosos casos de empresas que, tras hacerse con edificios enteros o pisos aislados, intentaban quitarse de encima a morosos y no morosos para maximizar el rendimiento de su inversión.

Aquellas prácticas atropellaban a menudo los derechos de los inquilinos. Pero parece que ahora no es ese el problema de la vivienda en nuestra ciudad, que anda inquieta por la okupación, una práctica que se ha profesionalizado a manos de organizaciones tan mafiosas o más que los fondos buitre.

Así como en otras iniciativas el ayuntamiento está bien orientado para ayudar a la población con problemas de vivienda, como es el caso de las cooperativas de cohabitatge y sus promociones, aquí anda algo despistado. Se ha quedado anclado en una situación que ahora, en caso de que exista, es residual como ponen en evidencia las cifras que él mismo facilita.

Casi el 70% de los propietarios de pisos de alquiler de Barcelona son particulares con uno o dos inmuebles. 514.978 personas físicas o jurídicas tienen las 780.775 viviendas censadas, lo que da un promedio de 1,5 pisos por propietario. Esa es la radiografía real de la ciudad, donde el alquiler va ganando peso, pero que sigue a años luz de las grandes urbes del norte de Europa que sirven de espejo a nuestros gobernantes.

En estos momentos, Barcelona destaca en España y en el continente por la inseguridad de sus calles, en la que sobresalen las okupaciones. Gentes necesitadas o simplemente delincuentes que se apropian de lo ajeno y que generan una alarma mucho más grave que la que provocaba el acoso hace ocho años. Al parecer, 75.000 de las 100.000 viviendas okupadas de España aún son propiedad de la banca, pero no hay certeza absoluta del dato porque los propios bancos que aún tienen activos tóxicos se han olvidado de ellos, no se enteran de los allanamientos y cuando lo hacen no siempre reaccionan. O sea, que la inmensa mayoría de los casos que se denuncian y aparecen en los medios se refieren a particulares --no grandes tenedores-- que ven cómo les arrebatan sus propiedades con aparente impunidad.