El independentismo pone a Colau en el punto de mira

Las redes sociales echaron humo este viernes con una campaña que tenía en su punto de mira a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El motivo es la intención de una plataforma independentista de denunciar judicialmente a Colau ante la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) por presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos. La denuncia se basa en el informe redactado por el Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Barcelona y su actividad en el año 2016.

En este informe se detallan 64 contratos públicos sospechosos de estar amañados, según los independentistas. Estos contratos se encuentran en el límite de las adjudicaciones directas que puede realizar el consistorio, ya que en caso de que cualquier adjudicación de servicio supere los 18.000 euros tiene que convocarse un contrato público. En el caso de las obras, esa cuantía se eleva a los 50.000 euros.

En Barcelona, no obstante, se da la circunstancia de que hay contratos que han sido adjudicados con 17.999,99 euros, lo que no deja de ser sospechoso, ya que con sólo dos céntimos más se tenía que ir a concurso abierto. Otros contratos adjudicados por importes inferiores pueden estar relacionados, por lo que se siembra la sospecha de que ha habido fraccionamientos de servicios para evitar ir a concurso y adjudicarlos directamente a dedo.

EX CANDIDATO A ALCALDE

La organización que quiere poner a Colau contra las cuerdas es Força Catalunya, un partido de nueva factura creado por Santiago Espot, que en 2004 ya había creado Catalunya Acció y que en 2011 fue el candidato a la alcaldía de Barcelona por Solidaritat Catalana per la Independència. Con Força Catalunya quiere intentar ahora presentarse a las próximas elecciones autonómicas.

En un vídeo distribuido este jueves, Espot explica que decidió impulsar el nuevo partido político para denunciar que el estatus político de Cataluña “es el de una simple colonia. Así lo certifica su sumisión política forzada, el expolio y saqueo económico sistemático y la progresiva sustitución cultural y lingüística”. Espot asegura que quiere jugar fuerte para apostar por un Estado catalán y ahora ha encontrado en el Ayuntamiento de Barcelona una nueva herramienta para hacerse notar.

EL DENUNCIADOR DE TIENDAS

Con anterioridad, Espot ya se había ufanado de que, desde su organización se habían realizado más de 3.000 denuncias contra establecimientos en los que no se rotulaba en catalán. Además, fue el instigador de la gran pitada contra el Rey y contra el himno de España en el partido del final de la Copa del Rey jugado en Valencia entre el Barça el Athletic de Bilbao en 2015. Por esos hechos, el activista fue condenado en primera instancia y luego absuelto por la Audiencia Nacional al encuadrar su actitud en el marco de la libertad de expresión.

Las intensas campañas del independentista siempre han estado inmersas en la polémica por su marcado sesgo ideológico y sectario. En esta ocasión, en cambio, toma como base un documento oficial para poner en el disparadero a la alcaldesa de la capital de Cataluña.

El informe en cuestión es demoledor. “En la fiscalización, se han identificado expedientes de contratos menores a través de los cuales se ha adjudicado de firma separada el desarrollo de actuaciones de carácter necesario, reiterado y previsible, o la realización de prestaciones de naturaleza similar que podrían responder a un fin único, y cuya adjudicación, por otra parte, ha recaído, con frecuencia en el mismo contratista”, dice el informe del Tribunal de Cuentas, dando pie a que Espot tenga elementos jurídicos suficientes para proceder. Y añade que, en ocasión es, esa práctica se hace “para eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.

UNA PRÁCTICA FRAUDULENTA

En su denuncia, Santiago Espot relata que la contratación menor por adjudicación directa del Ayuntamiento de Barcelona en el año 2016 “fue del 95% del total de los contratos celebrados (sic) y representó el 16,11% del gasto en contratación”. Más adelante, explica que “restar un euro, o céntimos de euro, o fraccionar la prestación de un servicio, suministro u obra para favorecer la contratación menor es una práctica que atenta contra los principios de la contratación pública y, en particular, los principios de publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad de trato entre los licitadores”.

Afirma también que estas prácticas “atentan contra el derecho de los ciudadanos a una buena administración, teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas sólo fiscalizó una muestra de la contratación menor del Ayuntamiento de Barcelona (258 de los 11.706 firmados, es decir, un 2,2%, de los cuales 64 (el 14,8%) presentan las citadas incidencias”.

Señala, asimismo, el líder independentista que “no hay constancia de que ni la autoridad judicial ni el Ministerio Fiscal hayan iniciado ningún tipo de investigación ni procedimiento para depurar responsabilidades penales, razón por la cual no hay ningún obstáculo para el inicio de actuaciones por parte de la OAC”. La denuncia lleva fecha del 28 de febrero. A Colau le espera un largo calvario.