Colau reclama más inversión pública en vivienda a las administraciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido rebajas fiscales para las empresas que hagan rehabilitación y vivienda pública. La primera edil del Ayuntamiento también ha exigido una mayor inversión del Estado y la Generalitat en política de vivienda y cambiar el marco regulatorio con iniciativas como la de limitar la subida de los alquileres que mañana vota el Parlament.

Ada Colau ha hecho estas peticiones en el acto de presentación del Decálogo de Barcelona para el Derecho a la Vivienda. Ha sido a partir de un documento con diez medidas urgentes para que este derecho sea real y que han impulsado 30 entidades.

LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA ES "ANTIECONÓMICA"

"No puede ser que actualmente los especuladores que hacen grandes compras de vivienda a través de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) paguen cero impuestos, sin ninguna condición, y en cambio aquellos que quieren hacerlo bien, las empresas y cooperativas que quieren hacer rehabilitación o vivienda social estén penalizadas con un 21 % de IVA. Esto no tiene ningún sentido y es antieconómico", ha recalcado la alcaldesa en la rueda de prensa.

Para Ada Colau la especulación inmobiliaria es "antieconómica" ya que "está arruinando la economía de muchas familias en nuestro país" y la economía ha ido mejor en países donde se invierte en vivienda pública y se regulan los precios de los alquileres "porque permite trabajar y vivir en condiciones dignas".

AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA DE DESAHUCIOS

En su intervención, Colau ha pedido también ampliar la moratoria de desahucios decretada por la pandemia ante la evidencia de que la crisis se alargará varios meses y aprovechar los fondos europeos que lleguen para reimpulsar el país para acometer transformaciones pendientes en vivienda y relanzar la economía en los sectores de la rehabilitación integral del parque de vivienda y la rehabilitación energética.

Precisamente, el decálogo propone incrementar el presupuesto estatal de vivienda como mínimo hasta el 1,5 % del PIB durante los siete próximos años; una moratoria de todos los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, tanto previa como posterior a la pandemia, y nueva prórroga automática de los contratos de alquiler.

MEDIDAS SOCIALES

También modificar la ley de enjuiciamiento civil para establecer la obligatoriedad de mediación como requisito previo al inicio de cualquier proceso judicial de desahucio de familias vulnerables y rebajar el IVA al 4 % al alquiler protegido y la rehabilitación.

Otras medidas son ampliar el parque de alquiler asequible, social y cooperativo en cesión de uso a partir de la construcción, la movilización de viviendas privadas y el impulso de nuevos modelos de colaboración pública-privada-comunitaria, e impulsar la rehabilitación energética, la accesibilidad y adecuación de parque viviendas a la situación poscovid-19.

CONFIANZA EN LOS ÓRGANOS CATALANES

Completan el decálogo hacer cumplir la legislación vigente que en Cataluña prohíbe los cortes de suministros de agua, luz gas e internet a familias vulnerables y extenderla al resto del Estado; evitar el aterrizaje de fondos especulativos, recuperar progresivamente el uso residencial de una parte de las viviendas turísticas y hacer cambios legales para limitar las causas de no renovación de los contratos de alquiler y regular los precios.

En rueda de prensa, Colau ha expresado su confianza en que el parlamento catalán aprobará con una amplia mayoría la proposición de ley de regulación del precio de los alquileres que plantea que no haya subidas abusivas, a pesar de las enmiendas que ha presentado JuntsxCat, fruto, en su opinión, de "presiones del sector inmobiliario".

La alcaldesa ha restado importancia a la negativa a apoyar la propuesta del PSC, su socio de gobierno en Barcelona, porque, en su opinión, no responde a un rechazo a regular el precio de los alquileres sino a que consideran que debe ser una ley a nivel estatal y no autonómico.