Todo lo que se aparte de la normativa en materia urbanística será severamente castigado por el Ayuntamiento de Barcelona. Para vigilar que nada se escapa a su control, el consistorio acaba de adjudicar un millonario contrato a la compañía SM Sistemas Medioambientales para “el apoyo a los servicios de inspección en tareas de análisis, localización y elaboración de informes sobre actividades sujetas a licencia o habilitación municipal anunciadas a través de páginas web o detectadas por otros medios”.

Se trata, en definitiva, de un Gran Hermano del urbanismo, que pondrá bajo la lupa de la Administración local los apartamentos turísticos o licencias municipales publicitadas en la Red. El contrato será por dos años y costará a las arcas municipales 2.101.429 euros, aunque podría prorrogarse por otros dos años, por lo que el monto total se elevaría a 4,2 millones. Al concurso, curiosamente, sólo se presentó una empresa, que obtuvo la máxima puntuación.

AVISO A AIRBNB

Fuentes municipales explicaron a Metrópoli Abierta que el contrato “hace referencia al equipo de personas que da apoyo a los servicios de inspección, análisis, localización y detección de pisos turísticos, pero también se adaptarán a las necesidades que puedan surgir más adelante”. Esta misma semana, el consistorio barcelonés pidió a Airbnb la retirada de un millar de anuncios de pisos turísticos ilegales.

Según las fuentes citadas, estos apartamentos “son pisos sin licencia o con licencia falsa y anuncian habitaciones que, en realidad, ofrecen al usuario una vivienda dividida por estancias, que actúan como albergue o pensión”. Según una nota del Ayuntamiento, “con la caída de la actividad turística causada por la pandemia, los servicios de inspección municipales readaptaron sus tareas. A raíz del teletrabajo y ante la ausencia de turistas, el trabajo se ha centrado en analizar más a fondo los datos obtenidos a través de las búsquedas en las webs y en identificar anuncios activos que aparentemente eran legales pero que esconden irregularidades”.

CASI 17.000 EXPEDIENTES

Los técnicos municipales tienen en su punto de mira 969 anuncios que han localizado en la red, 524 de los cuales ofrecen pisos sin licencia. Los otros 445 se centran en la oferta de habitaciones directamente. Por distritos, Ciutat Vella se lleva la palma, con 420 de los inmuebles ofertados, seguido del Eixample, con 273, Sant-Montjuïc, con 72, Gràcia, con 61, Sant Martí, con 53 y Sarrià-Sant Gervasi, con 38. Los demás distritos quedan muy por debajo de esas cifras. Nou Barris, por ejemplo, sólo dispone de cinco ofertas.

Cartel contra los pisos turísticos en Barcelona / ARCHIVO - TWITTER
Pancarta contra los pisos turísticos en Barcelona / TWITTER

La medida de control de esos apartamentos forma parte del plan de choque contra los pisos turísticos ilegales que se puso en marcha en 2016. Desde esa fecha, se han abierto un total de 16.993 expedientes disciplinarios que han provocado 7.194 órdenes de cese y 8.740 sanciones. Desde 2017, también se requirió la desactivación de 11.714 anuncios en las plataformas sociales, de las que 9.770 son de Airbnb, por lo que esta firma acapara más del 80% de toda la oferta ilegal barcelonesa.

EMBARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

En esa tarea ayudará a partir de ahora SM Sistemas Medioambientales. En su web, esta firma declara que es una consultora medioambiental “que desarrolla su función dentro del área de la ingeniería y gestión del medio ambiente, con más de 800 proyectos llevados a cabo con éxito y más de 300 clientes satisfechos”. Añade que su equipo está formado por más de 60 técnicos superiores “con amplia experiencia en medio ambiente”.

Según la base de datos Axesor, entre 2017 y 2018, la compañía adjudicataria presentó 7 incidencias, cuatro de ellas de embargo. Dos de ellas fueron comunicadas en el año 2018 y el resto, en 2017 (dos embargos y tres notificaciones de ejecución). Curiosamente, los embargos fueron promovidos por la Administración local de Barcelona, la misma que ahora la contrata por más de 4 millones de euros. Consta también que la compañía tiene 24 empleados fijos y 68 trabajadores no fijos. El importe neto de la cifra de negocios durante 2019, el último ejercicio del que constan balances, fue de 2.751.818 euros, cifra inferior a los 2.814.827 euros del ejercicio de 2018. El resultado del ejercicio después de impuestos, no obstante, fue positivo en 67.812 euros, frente a los 75.317 euros del año anterior.

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