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La política de vivienda pública en Barcelona sigue dando que hablar... y mucho que desear. Resulta curioso que, cuando en la silla curul de su Ayuntamiento se sienta una persona que llegó a ella desde un movimiento popular en pro del derecho a una vivienda digna, la problemática no tan sólo no ha mejorado sino que, incluso, puede decirse que ha empeorado. Hasta lo confirmó reientemente Laia Ortiz, teniente de alcalde de derechos sociales, al afirmar que “es el principal problema que tiene hoy la ciudad”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que en su día dirigió Ada Colau, ha hecho públicas unas cifras demoledoras para criticar la situación, tanto de quienes no encuentran vivienda como de quienes, por su cargo, no han hecho lo suficiente para solucionar el problema.

La cifras esgrimidas por la PAH son, entre otras, estas:

-Más de 1.000 personas duermen en la calle cada noche en Barcelona.

-Otras 2.000 viven en albergues o residencias municipales.

-Más de 30.000 están en lista de espera para optar a una vivienda social.

-Entre 2015 y 2017, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, Barcelona ha registrado un total de 12.322 desahucios (más de 4.000 al año).

-Un 84% de los desalojos ya no se producen por impago de hipotecas, sino de los alquileres.

-La vivienda pública representa apenas el 1,5% de todas las de la ciudad. Es de las peores de Europa, donde la media está por encima del 15%.

La PAH está impulsando iniciativas legislativas populares para garantizar el derecho a un techo, como acaba de hacer en el Congreso. O realiza propuestas de mociones municipales para forzar la ampliación del parque público de viviendas.

'Emergencia habitacional' es un término nacido en las asambleas de la PAH que ha hecho fortuna municipalmente, hasta el punto de que sirve de hilo conductor a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Barcelona, que no dudan en elogiar la iniciativa y que se han comprometido a debatirla en el próximo pleno municipal, el día 23. La PAH cuenta también con el aval de otras instituciones sociales, como la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, el Observatorio DESC (Desigualdes Económicas, Sociales y Culturales), la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible y el Sindicato de Inquilinos.

“Vivimos una situación de excepción que requiere un pacto de ciudad”, se lee en el comunicado hecho público por la PAH. “La vivienda pública constituye una de las principales garantías del Estado de bienestar. Pero se trata de un derecho que se ha convertido en papel mojado, aunque esté reconocido por la Constitución".

El documento denuncia, además, que “Barcelona no tiene capacidad para cubrir la demanda de vivienda social de sus habitantes porque la existencia de solares o nuevas zonas de construcción es limitada”.

¿VIVIENDAS PREFABRICADAS?

Los activistas antidesalojos no se quieren pronunciar de momento sobre la última propuesta del Ayuntamiento para levantar viviendas sociales prefabricadas en solares municipales: “Por ahora es sólo un titular, ya veremos cómo se desarrolla el proyecto”, aducen. Con todo, la PAH sí valora otras medidas como el plan para el derecho a una vivienda 2016-2025, o la modificación de ordenanzas municipales dirigidas con ese objetivo. Sin embargo, valoran, estas medidas “no dan una respuesta completa a la emergencia habitacional”.

La propuesta de moción municipal también demanda que se destinen a usos residenciales edificios de titularidad pública vacíos y que, por cada nuevo establecimiento de alojamiento turístico que se construya (hoteles, albergues, residencias), se destine el equivalente del 40% de la superficie edificada a viviendas sociales.