Uno de estos días, el Govern de la Generalitat de Catalunya publicó la siguiente nota, que traduzco acto seguido: «El Govern ha acordado autorizar a los departamentos de la Generalitat de Catalunya a realizar las actuaciones que correspondan para garantizar a los expresidentes de la Generalitat la atención y el soporte que necesiten que les asegure su derecho a vivir dignamente, durante todas las etapas de su vida». Así, con dos cojones.

Digo lo de los dos cojones porque el actual Govern ya ha dicho que no apoyará la subida del salario mínimo interprofesional de 735,90 € al mes en catorce pagas a los 900 € que propone el Gobierno de España, por poner uno entre muchos ejemplos de su ímproba labor, pero que no falte de lo mío.

Quizá tenga que verse la cosa con otra perspectiva, y sé que me acusarán de demagogia. Pues ¿saben qué les digo? Que me da igual.

La cosa es que el salario medio de un empleado en Cataluña es ligeramente superior a dos salarios mínimos interprofesionales, aunque la mayoría de los empleados cobren menos y sufran una seria precariedad laboral. Uno de cada cuatro catalanes tiene ingresos por debajo del salario mínimo; uno de cada tres niños catalanes está expuesto a una situación de pobreza. Etcétera, no hace falta que siga.

En cambio, el presidente Torra cobra más de catorce (14) veces el salario mínimo interprofesional por reunirse con el obispo de Solsona y participar en algún que otro jolgorio folklórico a los que es tan aficionado. Gobernar, lo que se dice gobernar, no gobierna, porque no se lleva. Pero viajar, viaja. Si el salario mínimo interprofesional es de 735,90 euros al mes, el presidente Torra gasta cada mes veintisiete (27) veces esa cantidad para a) asistir a espectáculos folklóricos, b) ir a misa o c) irse adonde Napoleón sufrió almorranas para compartir una botella de ratafía y conversar sobre el sexo de los ángeles con el anterior presidente, fugitivo de la justicia.

Por hacer esto y nada, cuando deje la presidencia cobrará más de once (11) veces el salario mínimo interprofesional durante unos meses. Cuando finalmente se jubile, cobrará el 60% de su salario presidencial, en vez de cobrar por lo que ha cotizado, como todo dios. Esto es, cobrará más que el presidente del Gobierno de España en activo, más de ocho (8) veces lo que cobra de media un jubilado catalán y casi tres (3) veces la pensión máxima que ese mismo jubilado podría estar cobrando, si ha tenido suerte en la vida.

Éste es el panorama que espera al presidente Torra y a todos los que han sido y serán presidentes de la Generalitat de Catalunya, con la única excepción del señor Pujol, que renunció a estos privilegios porque él y su familia y por su cuenta se aseguraron muy mucho su futuro, a base de bien, cobrando favores aquí y allá. Entonces, si el panorama de un expresidente de la cosa es éste, por el que ya firmaría cualquiera, ¿a qué viene ese llamamiento a «asegurar su derecho a vivir dignamente»? ¿Se cachondean de nosotros, es puro cinismo o qué?

Me cuentan de tapadillo que el origen de este llamamiento del Govern tiene que ver con la terrible enfermedad que padece el expresidente Maragall. Por lo visto, no hay medios públicos suficientes para atender como corresponde a los enfermos catalanes de alzheimer y otras demencias seniles. De hecho, no hay prácticamente medios para las plazas públicas en las residencias de ancianos y después de los recortes tan bestias en política social, sanidad y educación de la Generalitat de Catalunya, tampoco es que haya medios para todo lo demás. La cosa está muy mal. Por lo tanto, si uno de los expresidentes tuviera que depender de los medios públicos, como cualquier otro catalán, lo tendría bien chungo. De ahí que el Govern pida al Govern que haga una excepción con aquéllos que han sido del Govern y solicite un trato de favor, no vayan a llevarse la justa recompensa por todo el daño que le han hecho al Estado del Bienestar. Con dos cojones, repito.

Veamos las cosas con cierto optimismo. En esta nota, el Govern de la Generalitat de Catalunya reconoce implícitamente que no puede asegurar el derecho a vivir dignamente de un catalán cualquiera. ¡Es un paso adelante! En la buena dirección, además. Ahora que ya está asegurado el derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida a los expresidentes, que son siete (contando Pujol), sólo les queda asegurar el derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida a los siete millones y pico de catalanes que no son expresidentes.

Es cuestión de ponerse. Ahora siete, luego otros siete... Poquito a poco, «farem país».