Colas en el Aeropuerto de Barcelona durante los primeros paros parciales / Arnau Mas

Colas en el Aeropuerto de Barcelona durante los primeros paros parciales / Arnau Mas

Movilidad

"La propuesta es insuficiente"

La Generalitat plantea aumentar con hasta 200 euros el sueldo mensual de la plantilla

8 agosto, 2017 15:32

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La negociación salarial, el principal escollo en la huelga de El Prat, sigue sin encontrar la salida. Este martes, la Generalitat en calidad de mediador presentaba una propuesta salomónica: un nuevo complemento salarial de 200 euros, superior a los 155 euros que la dirección estaría dispuesta a pagar, pero inferior a los 350 que reclaman desde la plantilla. Eulen ha anunciado a través de un comunicado que la acpeta, pero los representantes de los empleados no lo ven igual.

"Es insuficiente. No es aceptable", ha asegurado el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, a Metrópoli Abierta, tras la recesión del mediodía en las negociaciones. De todas formas, el también portavoz de la plantilla ha señalado que serán los trabajadores los que, en asamblea, decidirán el próximo jueves si aceptan o no esta propuesta. Por consiguiente, decidirían desconvocar los paros indefinidos de 24 horas previstos a partir del 14 de agosto. "La asamblea soberana decidirá si acaba con el conflicto", puntualizaba.

DUDAS ANTES DE ENTRAR A LA REUNIÓN

La propuesta se ha planteado este martes en una nueva jornada de negociaciones que arrancaba, una vez más, con las dudas expresadas por el comité de huelga. Giménez llegaba este martes a la reunión con el departament de Treball,  dirección de Eulen y Aena asegurando que veían complicado llegar a un acuerdo en las próximas horas. La misma valoración que hizo a primera hora del lunes, cuando antes de entrar a negociar, aseveró que ese no iba a ser el día del acuerdo.

A la propuesta salarial de la Generalitat se sumaría la incorporación de un quinto vigilante en cada filtro de seguridad disponible de marzo a octubre para así disminuir la carga de trabajo de la plantilla de Eulen. Además, se contempla la contratación de 25 personas para sustituir a los vigilantes de los controles cuando, por algún motivo, tengan que ausentarse. En total, sería 76 nuevos empleados que no alcanza con las peticiones de unos y otros: el comité de huelga pedía ampliar la plantilla con 100 nuevas personas y la dirección solo estaba dispuesta a contratar a 12 empleados.

Pese a todo, a juicio del secretario del departamento de Trabajo, Josep Ginesta, presente en todas las negociaciones la propuesta supondría un "salto cualitativo en las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad", además de una mejora de sus salarios.

COLAU CRITICA EL MODELO DE AENA

La proposición s se con se conocía este mediodía, durante la recesión del encuentro entre Generalitat, sindicatos y empresa, que se ha retomado a las 16:00 horas. Minutos antes, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna pedía a la dirección de Eulen que hiciera un “esfuerzo adicional” para llegar “lo más rápido posible” a un acuerdo que ponga fin al caos que viven el aeródromo desde hace dos semanas.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado el "modelo hipercentralizado" de Aena en el Aeropuerto de El Prat. En una entrevista concedida al programa Al Rojo Vivo de La Sexta,  la edil ha apuntado que ellos "son directamente responsables de la crisis en El Prat y de privatizar servicios con bajas temerarias". Por ello, se ha sumado a la petición de La Serna para alcanzar un acuerdo lo antes posible.

EL SÍNDIC INVESTIGA DE OFICIO

Mientras tanto, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha anunciado que investiga de oficio las posibles vulneraciones de derechos a los viajeros que comporta este conflicto enquistado en el Aeropuerto de Barcelona desde hace dos semanas. Asimismo, ha asegurado que supervisa las actuaciones de las administraciones implicadas.

El organismo que dirige Ribó "ha pedido información al Gobierno, y en concreto a los Ministerios de Fomento y del Interior, y les ha recordado que es un servicio público bajo su responsabilidad" porque quiere "averiguar la responsabilidad del Gobierno español con respecto a la posible mala administración y afectación de derechos".