El déficit del transporte público en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se ampliará en otros 17 millones de euros anuales. El motivo es el abaratamiento del metro, bus y tranvía para 18 municipios de la segunda corona metropolitana a partir del 1 de enero, han confirmado fuentes de la AMB a Metrópoli Abierta. Este déficit podría incrementarse en otros 26 millones más si finalmente este jueves, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) congela las tarifas de 2019 de metro y bus, algo que parece bastante probable.

Pese al aumento de la deuda, a cinco meses de las elecciones, la decisión de subir o no las tarifas será política y no económica. La alcaldesa Ada Colau quiere congelar el precio a toda costa. El consenso está pendiente de distintos acuerdos políticos, entre ellos el sí del partido de Colau a los presupuestos de la Generalitat, la administración que tiene la última palabra para decidir si se suben las tarifas y probablemente acabará claudicando salvo sorpresa mayúscula.

Con la llegada del nuevo año, los ciudadanos de la segunda corona de la AMB -Sant Cugat, Corbera o Cerdanyola, entre otras localidades- pagarán lo mismo que los vecinos de Barcelona o Hospitalet por una T-10. El coste de esta integración tarifaria, aprobada el pasado octubre, costará unos 34 millones. Parte de esta inversión se pagará con una ampliación del impuesto metropolitano, que se aplica dentro del IBI, a los 18 municipios de la segunda corona. Sin embargo, los ingresos que se lograrán serán unos 17 millones, es decir que el déficit generado por la integración tarifaria será aproximadamente la mitad, unos 17 millones.

18 NUEVOS MUNICIPIOS

Hasta ahora, este impuesto metropolitano solo lo pagaban los 18 municipios de la primera corona del área metropolitana. Ahora este impuesto se aplicará también en los 18 municipios de la segunda corona, en ciudades como Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera del Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, La Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló y Torrelles de Llobregat. 

Uno de los problemas es que en algunas de estas localidades, como Badia del Vallès, la mayoría de los ciudadanos estarán exentos y no pagarán el impuesto. La normativa dice que "estarán exentas del pago del tributo todas aquellas fincas residenciales que tengan un valor catastral inferior a 45.118,76 euros y que sean utilizadas para la primera residencia del propietario", lo que ocurre en el caso de Badia del Vallès.

DECISIÓN POLÍTICA

Las fuentes consultadas por Metrópoli Abierta confirman que los servicios técnicos de la ATM, un consorcio del que forman parte la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona están pendientes de la decisión política que se tome, es decir si las tarifas se congelan o se suben, algo que se sabrá este jueves en la reunión del consejo de administración de la ATM. 

La decisión final la tiene la Generalitat, que controla el 51% de las participaciones del consorcio. El Ayuntamiento de Barcelona tiene el 25% de las participaciones, y la AMB, el 24%. En cualquier caso, si las tarifas no suben y el usuario no tiene que desembolsar más dinero por un título de transporte, será una o varias administraciones -a través de los impuestos de la ciudadanía- las que tendrán que poner la diferencia pare reducir el déficit.

790 MILLONES

El gran problema del transporte público metropolitano es la financiación. El transporte público es deficitario y se paga con las aportaciones del Ayuntamiento, la Generalitat, el Estado y el Área Metropolitana de Barcelona, y los billetes de los ciudadanos. En total, las administraciones han aportado en 2018 unos 790 millones de euros. La Generalitat ha desembolsado 394,1 millones; el Ayuntamiento, 157,6; el Área Metropolitana de Barcelona, 129,7, y el Estado, 108,4 millones. 

La integración tarifaria de la segunda corona del área metropolitana todavía ampliará más la deuda. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez logra sacar adelante los presupuestos, el transporte público de Barcelona dispondrá de 40 millones adicionales. La aportación ayudaría a paliar el déficit. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio afirman que el problema de la financiación del transporte público es estructural y plantean que tiene que ser regulado por ley para disponer de un presupuesto fijo.

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