El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que si no hay rebrotes "importantes", el Estado de Alarma acabará el 9 de mayo. ¿Pero implica el fin del estado de alarma la eliminación del toque de queda ipso facto?

La prohibición de la movilidad nocturna es una medida que afecta a los derechos de los ciudadanos. Por eso, para aplicar restricciones como esta es necesario que esté vigente el estado de alarma. Por lo tanto, según han apuntado diversos juristas, si deja de haber estado de alarma, se levantará el toque de queda, al menos tal como lo entendemos ahora.

¿EN MANOS DE LAS COMUNIDADES?

Varios expertos indican que a partir de tal fecha las comunidades autónomas (aunque se coordinen en el Consejo Interterritorial de Salud) vuelven a la situación anterior al estado de alarma, y por lo tanto, sólo pueden adoptar "medidas ordinarias" en materia de sanidad. No obstante, indican que para situaciones graves pueden llegar a limitar derechos fundamentales, pero sólo en casos muy definidos e individualizados valiéndose de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986.

Las medidas que pudieran adoptar las comunidades autónomas, en todo caso, no podrán ser como las actuales, para las que se precisa estado de alarma, en opinión de María Jesús del Barco, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Así, ha recordado que entre el pasado mes de julio y el actual estado de alarma se impusieron algunas normas en algunos territorios que fueron impugnadas ante los tribunales superiores de justicia que fueron validadas, pues debe estudiarse la proporcionalidad concreta de cada una de ellas.

Agentes de la Guardia Urbana, durante el toque de queda en Barcelona / EFE - ENRIC FONTCUBERTA
Agentes de la Guardia Urbana, durante el toque de queda en Barcelona / EFE - ENRIC FONTCUBERTA
 

Con esta opinión coinciden fuentes del Tribunal Constitucional español, que insisten en que, aunque es más complicado que existiendo un estado de alarma, las comunidades autónomas podrían adoptar algunas medidas con aprobación judicial, dadas sus competencias en sanidad.

En todo caso, el Gobierno central aún no se ha pronunciado al respecto, por lo que todavía es una incógnita cómo se abordarán exactamente las restricciones a partir de ese momento.

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