26 años de prisión para el exprofesor y pederasta confeso Joaquín Benítez. Así lo ha considerado el Ayuntamiento de Barcelona, en un escrito de acusación en que el consistorio no implica a la congregación de los Hermanos Maristas, propietaria de la escuela donde sucedieron los abusos a menores.

Según su escrito, el Ayuntamiento relata que el profesor, que impartió clases de Educación Física en el colegio Maristes de Les Corts entre el 1986 y el 2011, se "prevalió de su condición profesional", así como de la "superioridad" de su cargo y de "la diferencia de edad y corpulencia respecto a los menores" para abusar de las víctimas, tal como ha adelantado Efe.

Este abusador confeso, argumentando que era "masajista titulado", citaba a los menores que tenían problemas de lesiones en su despacho bajo el pretexto de "darles masajes", y allí abusaba de ellos. En la acusación consta que Benítez llevó a cabo estas acciones repetidamente con cuatro menores, a los que causó secuelas emocionales y, en algún caso, trastornos como depresión, ansiedad o insomnio, tal como recoge el escrito.

De este modo, el Ayuntamiento pide para el pederasta penas de 12, 9, 3, y 2 años de prisión, en total 26, y hasta 19 años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de docente o que tenga relación con menores de edad. Asimismo, el consistorio reclama una orden de alejamiento con respecto a las víctimas, su domicilio, o lugar de trabajo, a una distancia no inferior de 1.000 metros, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio.

Después de que el padre de una de las víctimas destapara el caso, en febrero de 2016, Benítez, que confesó ser un pederasta, fue denunciado por abusos y agresiones sexuales por un total de 18 exalumnos, aunque solo será juzgado por estos cuatro casos, ya que el resto de acusaciones fueron declaradas prescritas.

La Fiscalía, que le atribuye dos delitos de agresión sexual y dos de abuso sexual, pide 22 años de prisión para el exprofesor, además de solicitar para él la inhabilitación como maestro y el pago de 70.000 euros de indemnización a sus víctimas. El Observatorio Minotauro de la violencia contra los menores ha considerado una "contradicción" que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat se personen como acusación popular "ante unos hechos de los que deberían ser responsables".