La titular del juzgado de Primera Instancia nº48 de Barcelona ha suspendido el desahucio de seis familias del bloque Llavors de Barcelona, que estaba previsto para el próximo lunes, 13 de enero, en aplicación del nuevo Decreto Ley 17/2019 de la Generalitat, en el que es el primer caso tras la entrada en vigor de esta nueva normativa el pasado 31 de diciembre.

La juez María José Hernández ha abierto la puerta a que Vauras Investment, sociedad propietaria del inmueble, se vea obligada a ofrecer un alquiler social a los inquilinos del edificio que se encuentran en situación de vulnerabilidad residencial, y le da un plazo de cinco días para que examine las alegaciones de vulnerabilidad presentadas por los inquilinos.

El edificio que iba a ser desalojado está situado en el número 38 de la calle Lleida de Barcelona, en el barrio del Poble Sec. Sus inquilinos, que cuentan con el apoyo del Sindicat de Barri Poble Sec y del Grup d'Habitatge de Sants, han calificado la resolución judicial de "victoria escandalosa".

PIDEN EL APOYO DE COLAU

Representantes del bloque de viviendas han explicado que los vecinos "están emocionados tras unas últimas horas desconcertantes" y que se preparan "para seguir negociando y que el Ayuntamiento se posicione con ellos para exigir el alquiler social".

Los vecinos creen que Vauras recurrirá, pero han asegurado: "La semana que viene el Ayuntamiento entregará el informe de vulnerabilidad, la ley nos da la razón y si Vauras quiere batalla legal la ley está de nuestra parte".

"Los fondos buitre tienen que asumir su responsabilidad frente a la crisis habitacional que sufre la ciudad", ha defendido el Sindicat de Barri - Poble Sec.

QUINTO INTENTO DE DESAHUCIO

Este sindicato había alegado que el decreto ley permite a estas familias en situación de vulnerabilidad, que viven en el bloque desde julio de 2017, acogerse a un alquiler social con la condición de que viviesen en el inmueble seis meses antes que entrase en vigor el decreto.

El del próxima lunes iba a ser el quinto intento de desahucio, que se preveía que iba a ser de "alta tensión" según los Mossos d'Esquadra, por lo que la policía catalana había pedido suspender el desahucio y propuesto llevarlo a cabo en "fecha abierta", algo que el sindicato considera "ilegal" y a lo que el juzgado se ha negado.

El juzgado nº20, que lleva el caso de uno de los seis pisos, había aceptado la petición de los Mossos de suspender el desahucio por los posibles riesgos, pero no por la aplicación del decreto ley 17/2019.

Por ello, los representantes del bloque Llavors esperan que este juzgado "suspenda el desahucio por la misma vía que el juzgado nº48 una vez tenga los informes de vulnerabilidad la semana que viene". 

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