El Ayuntamiento de Barcelona está estudiando poner cámaras de vigilancia en algunos de los ejes principales de la ciudad, concretamente en el paseo de Gràcia, la Rambla y el frente marítimo. Así lo ha asegurado este miércoles el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle en comisión municipal. Curiosamente, Batlle ha hecho este anuncio tras rechazar una proposición de Ciutadans que pedía ampliar el número de cámaras en los puntos negros con un mayor índice de delincuencia en la ciudad.

La iniciativa del partido naranja ha recibido el voto en contra de los dos partidos del gobierno municipal, Barcelona en Comú y PSC, y ERC, mientras que PP y Barcelona pel Canvi han apoyado la idea. En su intervención, el concejal de Ciutadans, Paco Sierra, ha defendido la necesidad de poner estos aparatos como medida preventiva y para facilitar posibles identificaciones. De hecho, en la ciudad ya hay instaladas cámaras públicas para temas de seguridad, unas 60, según regidor de JuntsxCat, Jordi Martí. Algunas, como dos de las cámaras de la calle de Escudellers, no funcionan, ha asegurado Sierra.

Recientemente, los agentes de la Guardia Urbana han incorporado las cámaras unipersonales a su uniforme. Sin embargo, según el sindicato CSIF, únicamente se han comprado 150, una cifra que el secretario de Organización de CSIF en el Ayuntamiento, Eugenio Zambrano, considera del todo insuficiente. En parte, estas cámaras son para blindar a los agentes ante falsas denuncias. Zambrano opina que como mínimo sería necesaria una cámara por cada dos policías que patrullan en pareja.

CON RIGOR Y GARANTÍAS

Batlle ha defendido la necesidad de poner más cámaras. Ha explicado la propuesta anteriormente citada de poner estos aparatos en el paseo de Gràcia, la Rambla y junto a las playas, una iniciativa que se puso sobre la mesa en la última Junta de Seguridad Local. Sin embargo, Batlle ha explicado que la instalación de estas cámaras se tiene que hacer con rigor y con todas las garantías. La normativa es muy estricta y los trámites muy largos.

El regidor ha explicado la delicada situación en la que se encuentra el Estado español por haber vulnerado, presuntamente, la normativa europea sobre el ámbito de la videovigilancia. De hecho, la instalación de las cámaras en los citados ejes de la ciudad está pendiente de la legislación estatal y su adaptación a los aspectos legales europeos. "España ya ha recibido alguna multa por no haber hecho la transposición a la normativa europea".

Desde las filas de ERC, el regidor Jordi Coronas opina que la instalación de las cámaras no es la solución al problema de seguridad. "Los delitos se pueden desplazar de una calle a otra". Y ha alertado de las restricciones de las libertades que pueden suponer. Sobre este aspecto, el exprimer ministro francés, Manuel Valls, líder de Barcelona pel Canvi, ha dicho que las cámaras de seguridad pública son las más vigiladas y ha subrayado que "si somos capaces de controlar el sistema", la restricción de libertades no es una excusa para no ponerlas.