Óscar Ramírez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, suele desplazarse en moto. Cuestión de tiempo y comodidad. Él, como no menos de 280.000 barceloneses que tienen una motocicleta matriculada, debe gestionar la falta de aparcamientos y, hasta el miércoles, optaba por estacionar su vehículo en la calle Sotstinent Navarro, al lado de Correos, y relativamente cerca de la plaza de Sant Jaume.

Ramírez descartaba la opción de aparcar la moto más cerca del Ayuntamiento. No le importaba andar cinco minutos. Al contrario, los aprovechaba para relajarse y pensar en sus cosas. Así hasta el miércoles. Al estacionar la moto observó que las líneas blancas habían cambiado de color (ahora son grises). Miró si había alguna señal nueva y no encontró ninguna prohibición. Y tras estacionar su moto coincidió con una patrulla de la Guardia Urbana. No le dijeron nada. Sin más.

Horas después, de regreso hacia la moto, el concejal del PP se encontró un aviso en el manillar que le recordaba que estaba mal estacionada. Afortunadamente, no hubo sanción. A la próxima, sí.

El malestar de Ramírez es compartido por miles de motoristas en Barcelona. Cada vez hay menos plazas y desde el Ayuntamiento se emplaza a los usuarios a estacionar sus motos en un parking de pago. Esa fue, por ejemplo, la respuesta que Rosa Alarcón, concejal de movilidad y presidenta de TMB, le dio al concejal del PP. Alarcón, obviamente, calló cuando le recordaron que las bicicletas ni deben pagar por aparcar en la vía pública ni por sacarse una licencia.

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