Dura sanción a hinchas del Espanyol por el derby... ¡de 2014!

La justicia es lenta, hasta para el fútbol. Habrá aficionados que, durante cuatro años, van a quedarse sin poder ir a un estadio para ver al equipo de sus colores, en este caso el RCD Espanyol. Claro que, mientras tanto, habrán gozado otros cuatro años, los que van desde 2014 hasta 2018, mientras no se resolvía el tema judicial.

Lo más duro de todo es que eso incluye no poder ver ni siquiera los partidos de sus propios hijos.

Catorce hinchas del RCD Espanyol han aceptado este martes una condena de cuatro años sin ir al fútbol, incluidos los partidos de sus hijos, y a seguir un curso de prevención y tratamiento de la violencia, por los incidentes que protagonizaron en 2014 ,tras un derby con el FC Barcelona en el estadio de Cornellà-El Prat.

En virtud de este acuerdo, el juez ha dictado una sentencia 'in voce' que también condena a los seguidores del equipo blanquiazul a no poder asistir durante cuatro años a ningún acontecimiento deportivo vinculado al fútbol, incluido los partidos de sus hijos, ni acercarse al estadio del club blanquiazul, según fuentes judiciales citadas por Efe.

Si durante los años posteriores al acuerdo alcanzado alguno de los condenados lo vulnera, ingresaría en un centro penitenciario para cumplir la condena de cárcel.

Antes de alcanzar este acuerdo de conformidad, los acusados han reparado el daño aportando en total 22.000 euros por los destrozos ocasionados y las lesiones leves a algunos de los Mossos d'Esquadra que participaron en el dispositivo de seguridad.

PELEA CON CONSECUENCIAS

Los catorce acusados han admitido los hechos, que ocurrieron el 29 de marzo de 2014, cuando protagonizaron una pelea tras el derby, por los que estaban acusados de disturbios y atentado a agentes de los Mossos d'Esquadra.

En el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal Nº9 de Barcelona, los acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Delitos de Odio, que ha conmutado la pena de dos años de cárcel para trece de ellos y de 18 meses para otro por la “asistencia obligatoria a un curso de prevención y tratamiento de la violencia organizado por la Generalitat”.