La situación de los comunes en Barcelona es cada día más complicada. De hecho, si cumplieran su propio código ético, la lista de los comunes probablemente debería correr en breve y quizá algún dirigente debería dejar su cargo.

Según su código ético, los representantes del partido de Ada Colau se comprometían a “la renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación judicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos”. La realidad al final dista mucho de la teoría. En los últimos meses hemos visto como ciertos cargos han sido imputados y no ha habido la más mínima reacción en la línea que apunta el código ético del partido. Al final quienes venían a liberarnos de la corrupción de los partidos tradicionales resultan ser incapaces de cumplir los compromisos que firmaban a bombo y platillo en campaña electoral.

El torbellino en el que se verá inmersa Colau en los próximos días no será nada fácil de gestionar para los comunes. Tras la crisis de seguridad por las protestas contra la detención de Pablo Hasél, la alcaldesa de Barcelona afronta varios frentes judiciales. Uno de ellos trae cola desde hace un tiempo. La número dos de Colau, Janet Sanz, y su equipo, están siendo investigados por cuatro posibles delitos: prevaricación, coacciones, omisión del deber de perseguir un delito y obstrucción a la justicia. Por otro lado, sobre Eloi Badia, regidor de medio ambiente, planea una posible denuncia medioambiental. Y en el caso de Ada Colau, la fiscalía ha abierto una investigación por múltiples subvenciones que parece serán difíciles de explicar.

La asociación Abogados Catalanes por la Constitución ha presentado una querella que hará que la alcaldesa tenga que dar explicaciones ante la justicia por los millones de euros que ha otorgado en subvenciones recurrentes sin concurso público alguno a entidades como Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El mero hecho de que desde fiscalía se esté investigando a la alcaldesa por estas cuestiones ya es como para pedir explicaciones. El problema es cuando las explicaciones que se dan suenan a excusa. La alcaldesa, tras conocer la querella que presentó Abogados Catalanes por la Constitución, se escudó de inmediato en argumentos como que las subvenciones municipales al Observatorio Desc vienen del mandato del exalcalde de CiU Xavier Trias. Como si eso fuera algo que nos importase al resto… Lo que obvió en su respuesta fue la evolución de las cantidades. En el año 2012 se otorgó una subvención de 25.000 euros. En el 2013 se otorgaron 100.000. En los años más duros de la crisis, desde CiU consideraron que subvencionar a una entidad como esta era buena idea. Imagino que para tratar de atajar de algún modo las protestas que se vivían en la ciudad por el tema de los desahucios.

En cualquier caso los comunes, al llegar al poder, decidieron no solo mantener las subvenciones, sino incrementarlas. Se aumentaron a 336.000 euros sin contar las subvenciones directas para diferentes proyectos. Pasear por la web de transparencia es una experiencia que recomiendo para ver hasta que punto se otorgan miles de euros a entidades que serían incapaces de sobrevivir sin subvenciones dedicándose a organizar debates y formaciones que destinan prácticamente la totalidad de las subvenciones para pagar salarios.

La alcaldesa esgrime que las subvenciones otorgadas son correctas puesto que, según ella, la Secretaría y los servicios jurídicos municipales mantienen que "no hay nada desfavorable" en la adjudicación, aunque sí hay un comentario general del interventor que recuerda que las subvenciones deben adjudicarse por concurrencia pública siempre que se pueda. Los comunes entienden ese pequeño comentario como una recomendación que, evidentemente, puede ser desoída si no interesa lo que dice. Al final todo parece indicar que, en el caso el Observatori Desc, se trata de subvenciones recurrentes y anuales, y no parece tener mucho sentido otorgarlas mediante procedimientos de excepcionalidad.

Se ha dicho muchas veces que no se trata solo de ser honrado, sino también de parecerlo. Y en esto parece que la alcaldesa tiene mucho por hacer. No es nada estético que conceda subvenciones recurrentes a la entidad para la que trabajó antes de vivir de su actual sueldo público como alcaldesa. Menos aún cuando se trata de una entidad para la que también trabajo la exconcejal Gala Pin y en la que colaboró también el exteniente alcalde, Gerardo Pisarello.

Desconozco cual será el resultado de la querella, pero estoy convencido de que en su conjunto tiene muy mala pinta. ¿Puede ser que todo sea legal? Puede. ¿Puede ser que pese a ser legal nos haga desconfiar a muchos? También. Y, sinceramente, llegados a este punto a veces me pregunto cómo narices van a contarle a todos aquellos que no han ganado un euro de dinero público en su vida, y que a día de hoy están sufriendo para pagar sus impuestos que desde el Ayuntamiento de Barcelona se subvenciona a la entidad para la que trabajaba la alcaldesa antes de entrar al consistorio.

Dudo que el debate legal sea el más interesante. Aquí hay algo que suena mal. Lo pinten como lo pinten. Y dudo que guste a los votantes de los comunes que creyeron ver en Colau y su equipo una oportunidad de no tener que leer noticias como estas. Una oportunidad de tener gobiernos sobre los que no planeara la sombra de la corrupción. Al final parece que no aplican el rigor que prometían, y eso debería molestar sobre todo a quienes pusieron su confianza en ellos. ¿Recuerdan aquello de “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”? Pues eso.