La remunicipalización del agua en Barcelona ha sido un chasco. El último duro golpe que ha tenido que encajar el equipo de BComú es el del Tribunal Supremo, que ha decidido por unanimidad revocar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2016, avalando así la constitución de la empresa público-privada Aigües de Barcelona (Agbar).

Tanto el regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, como la propia alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, han abanderado una guerra abierta contra la empresa que se encarga de gestionar el agua en Barcelona. En reiteradas ocasiones han tratado de “desacreditar” su profesionalidad en público, tal como ha denunciado Agbar numerosas veces. No obstante, hasta el momento presente, de poco o nada han valido las promesas y la intensa campaña llevada a cabo. Incluso la formación antisistema por antonomasia, CUP, rechazó la propuesta de multiconsulta contra todo pronóstico. 

COLAU, A PIÑÓN CONTRA AGBAR

El 14 de abril de 2018, Colau compartió en las redes sociales una de sus intervenciones en el plenario municipal. “Agbar se juega un negocio de centenares de millones de euros a costa de especular con un bien de primera necesidad como el agua”. Ese bien de primera necesidad le ha servido al partido para ganar votos con una propuesta difusa cuyo repercusión en la factura de los barceloneses nunca se ha especificado.

Un poco más adelante, el 5 de mayo de 2018, calificó la situación de “batalla entre democracia y lobbies”, como si se tratara de conceptos diametralmente opuestos. Según los cálculos de los gestores de la empresa mixta participada por Aigües de Barcelona (70%), Criteria (15%) y la propia AMB (15%), la remunicipalización podría costar los 1.200 millones de euros, aunque desde los comuns siempre se han empecinado en negar la cifra sin aportar números alternativos. 

LA FALSA PROMESA DE BAJAR LA FACTURA DEL AGUA

Una de las escenas más bochornosas la ha protagonizado Eloi Badia, también vicepresidente de Medio Ambiente del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), anunciando un descenso del 4,95% en la tarifa del agua potable a partir del 1 de enero de 2020. “Es una bajada histórica que se enmarca en este ciclo en el que llevamos varios años para ajustar los precios”, se enorgulleció en declaraciones a los medios el 30 de octubre.

No obstante, el hombre del agua de Colau pasó por alto un informe de la Generalitat que apuntaba en una línea diametralmente opuesta: aseguraba de forma taxativa que el AMB no tiene competencias para realizar el cambio tarifario, que recae sobre la Generalitat.

No solo eso, sino que la propuesta era una trampa y ha quedado invalidada. El recibo del agua, finalmente, será más caro a partir del 1 de enero de 2020. Eso se debe al incremento del 5% de la tasa de tratamiento de residuos, la TMTR, que pagan los 36 municipios del AMB.

UNA LARGA OBSESIÓN CON EL AGUA

La remunicipalización del servicio de agua ha sido la gran obsesión del regidor desde mucho antes de acceder a un cargo público, en sus tiempos de dirigente de la asociación Aigüa es Vida. Sus ataques a Aigües de Barcelona han sido constantes, olvidándose de que los ciudadanos califican el servicio del agua de la ciudad como un 7,1, uno de los más altos de todos los servicios básicos. Y pasando por alto que, en todas las encuestas, la mayoría de los ciudadanos son partidarios de mantener el actual status quo.

Este mismo miércoles, en su cuenta de Twitter, ha admitido el “duro golpe”. “Avala la especulación, la opacidad y las adjudicaciones a dedo”, ha atizado.

Cabe recordar que los comuns se han visto envueltos en polémicas por sus favoritismos. Sin ir más lejos, según datos facilitados por el PP a este medio, el 95% de los contratos municipales de 2017 del Ayuntamiento de Barcelona fueron adjudicados a dedo por el gobierno de Ada Colau. En concreto, de los 12.950 contratos, 12.284 fueron a manos de una empresa de manera directa. Solo el 5% del total, 666, se resolvieron siguiendo los principios de transparencia e igualdad.

Por otro lado, este mes de marzo el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Barcelona a la alcaldesa y presidenta del AMB por nombrar a dos altos cargos de la institución a dedo, según informó La Vanguardia. El Col·legi vio negativamente que no se hubiera realizado un concurso público para elegir a la personas encargadas de los puestos de secretario e interventor.

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