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El Ayuntamiento de Barcelona otorgó un contrato de 60.500 euros a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el pasado mes de julio para el análisis del ADN, así como la nueva identificación y confirmación de los difuntos afectados por el hundimiento de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc en septiembre del año pasado. El contrato con la UAB tiene una duración de un año, por lo que el problema de la identificación de los restos se mantendrá durante el 2019.

De hecho, oficialmente los expertos de la UAB ya habían sido encargados en 2017 de un estudio para identificar los restos, que fueron mezclados sin ninguna clase de precaución tras el derrumbe. Esa tarea se llevó a cabo paralelamente a los trabajos de dos antropólogas también contratadas por el Ayuntamiento. Sin embargo, en el listado de encargos del año pasado no figura ningún contrato con la UAB. Si figuran, en cambio, cinco contratos que sumaban 37.045,36 euros otorgados a Dominika Nociarova, la antropóloga que dirigió la exhumación.

A mediados de julio pasado, una veintena de familias presentaron una querella criminal en los juzgados barceloneses por el derrumbe, acusando al consistorio de los presuntos delitos de profanación de cadáver, daños, prevaricación, malversación y falsedad documental. La querella está pilotada por los despachos de Miguel Durán y de José María Palacio. Los querellados son el concejal de Presidencia, Eloi Badia, el gerente de Cementiris de Barcelona, Jordi Valmaña, y la antropóloga Dominika Nociarova.

CUATRO DÍAS DESPUÉS DE LA QUERELLA

Exactamente cuatro días después de que las familias hiciesen pública la presentación de la querella, el Ayuntamiento contrató a la UAB para realizar el estudio citado, aunque ya había pasado casi un año desde el accidente y restos de cuerpos se apilaban en contenedores. La contratación se realizó a través de la empresa Cementiris de Barcelona, de la que el consistorio barcelonés tiene el 100% del capital y que preside Eloi Badia.

El titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona rechazó en el mes de septiembre la querella al considerar que no existían indicios penales de delito, aunque no dio traslado de su decisión a la Fiscalía. Según los abogados de la acusación, el magistrado no tuvo en cuenta los informes técnicos, por lo que recurrieron el fallo.

Ya veremos si el nuevo estudio de la UAB arroja más luz sobre el accidente y acaba con los puntos negros y las incógnitas de una de las mayores chapuzas del consistorio en la actual legislatura.

VIGILANCIA DE NICHOS

En realidad, no obstante, el 8 de marzo del 2018, cuando ya habían pasado seis meses del siniestro, el consistorio contrató con la UAB un informe sobre el “procedimiento a seguir en la identificación genética de los difuntos procedentes de los nichos afectados por el hundimiento”, un contrato por el que se pagó a la universidad un total de 7.260 euros. A la vista del nuevo contrato adjudicado poco después de mediados del mes de julio, ese primer estudio no resolvió las dudas que había en la identificación de cadáveres.

En el año 2017, sin embargo, no aparece ningún contrato de Cementiris de Barcelona ni del consistorio con la UAB relacionado con el hundimiento de los nichos. Sí aparece, en cambio, otro contrato de la Universidad con la compañía firmado el 3 de abril de 7.260 euros por la tramitación de informes.

Y en la contabilidad general del consistorio hay cuatro contratos otorgados a lo largo del ejercicio con la Administración local. El primero de ellos es del 1 de marzo, que ascendía a 18.150 euros, adjudicado por la gerencia de Política Económica y Desarrollo Local para un servicio sobre la presencia del mundo cooperativo, comunitario y la Administración en la provisión de cuidados. El segundo lleva fecha de 7 de marzo; se trata de un contrato de 20.798 euros por el apoyo metodológico en la gestión del banco de buenas prácticas, adjudicado por la gerencia de Derechos Sociales. El tercero es del 8 de marzo, un contrato de 21.443 euros por investigación en centros educativos de Nou Barris, adjudicado por los responsables del distrito; y, finalmente, el 7 de mayo se firmó otro contrato por de 4.840 euros otorgado por la gerencia de recursos por un informe técnico.

En el presente año, el Ayuntamiento también ha prestado más atención al estado del cementerio: en el mes de enero de 2018, sin embargo, la compañía sí adjudicó un “plan de vigilancia y estudio previo de los taludes de las agrupaciones 13 y 15 en la zona de acceso al Fossar de la Pedrera” por 17.605 euros a la empresa Segos Management. Y en el mes de febrero, la firma Bac Engeneering Consultaancy Group se hizo con un contrato para el “plan de auscultación de los edificios de nichos de la zona de Sant Joaquim”, una adjudicación que costó a las arcas públicas 59.277,90 euros. En esta zona fue, precisamente, donde se produjeron una parte de los derrumbes de septiembre del año pasado. Una medida que, aunque tarda, era absolutamente necesaria para prevenir nuevos desastres.

 

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