Colau gastará 38.000 euros en mediadores para los conflictos con pisos turísticos

La paz social en Barcelona no es fácil. Por eso, el Ayuntamiento acaba de contratar un servicio de mediación entre vecinos y propietarios de pisos turísticos con el fin de mejorar la convivencia. El bajón de visitantes ha afectado de manera muy drástica y negativa al sector, pero los problemas con los visitantes que vienen persisten. ¿El motivo? Los turistas que llegan a los apartamentos suelen llevar un ritmo que, en muchas ocasiones, altera la convivencia con las personas que viven permanentemente en la ciudad.

Un informe realizado por la técnico responsable del servicio en la dirección de Servicios de Prevención, Núria Ventura, y supervisado por la directora, Maria Àngels Vila, detalla el objeto de esta mediación “es la mejora de la convivencia entre los vecinos y vecinas de la comunidad y los turistas usuarios de los pisos de usos turísticos, trabajando con las personas propietarias o gestores de estos pisos para potenciar el civismo e influir en el aumento de la calidad de vida de los vecinos de estas comunidades e indirectamente de los barrios de la ciudad”.

Uno de los principales problemas que tienen los barrios del centro de la ciudad es la gran cantidad de pisos turísticos que existen en su territorio con una alta movilidad de personas. Muchas veces, los ocupantes son personas jóvenes que alteran la convivencia y acaban recibiendo las quejas de los vecinos. Los informes municipales destacan, así, que las dinámicas de los vecinos y de los potenciales turistas son muy diferentes.

PROBLEMAS DE RUIDOS Y SEGURIDAD

“En ocasiones, estas dinámicas pueden generar molestias que molestan a la convivencia, sobre todo debido al uso frecuente de los espacios comunes de las fincas, como, por ejemplo, ascensores, escaleras, espacio de acceso o entrada a la propia comunidad de vecinos. En otras ocasiones, también pueden presentarse asociadas a problemas de seguridad o de percepción respecto a la seguridad, como en los horarios de acceso de las fincas, el desconocimiento por parte del vecindario residente de las personas que entran y salen de la comunidad y los ruidos producidos por diferentes hechos”, explica el informe.

Recuerda el Ayuntamiento que la Administración está para promover vínculos con el tejido vecinal, fomentando el sentido de pertenencia y basándose en la cultura de la paz y el diálogo. “Por tanto, el programa de mediación iniciado “es un programa fundamentalmente operativo, que prioriza la intervención para facilitar acuerdos, interceder en los conflictos y proponer medidas que mejores la convivencia y la calidad de vida de la ciudadanía de Barcelona”.

Los objetivos específicos son, entre otros, mediar entre los principales interlocutores: la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), ofreciéndoles metodología y recursos para facilitar la convivencia ciudadana y prever los conflictos. También es intención del Ayuntamiento que los mediadores actúen directamente “sobre las actitudes incívicas que se producen en las comunidades de vecinos y contra el mal uso de las viviendas, así como velar por la buena convivencia y el descanso vecinal. En definitiva, “garantizar la convivencia y la cohesión social en los barrios, facilitando la integración de las actividades derivadas de la utilización de pisos turísticos”.

UNA EMPRESA GALARDONADA

El contrato, que costará a las arcas públicas 37.882,58 euros, ha sido adjudicado el pasado 22 de septiembre a la empresa Portacabot SL., propiedad de Sergio Fernández Porta. Esta compañía es especialista en mediación y, entre otras cosas, realiza la selección de mediadores en las piscinas de Sabadell o repitió este verano las tareas de mediación en las zonas del ocio nocturno en Castell-Platja d’Aro. En 2019, la Asociación Madrileña de Mediadores la premió como el Proyecto Nacional de Mediación precisamente por su labor en esa localidad de la Costa Brava. Su experiencia en la gestión de conflictos en el espacio público está, pues, contrastada. De momento, la duración de este programa es hasta el próximo 31 de diciembre y no está prevista ninguna prórroga.

El plan de trabajo que llevará a cabo tendrá especial incidencia en la identificación de los problemas en fincas donde haya habido denuncias que afectaron a la convivencia. A partir de ahí, debe ponerse en contacto con el propietario de la vivienda, el administrador de fincas y el presidente de la comunidad de vecinos para resolver los problemas. Lo importante en estos casos, sin embargo, es “analizar caso por caso la tipología de conflicto para estudiar las posibles opciones que se pueden abordar”.

A partir de ahí han de intentar alcanzar el máximo consenso para mejorar la convivencia y el uso de espacios comunes. También deben redactar protocolos de actuación en función de las diferentes tipologías de conflictos e implementar un sistema que permita la recogida de quejas y un registro de incidencias para facilitar el seguimiento sobre el grado de resolución. En este campo, su cometido puede llegar hasta el planteamiento de instalar sonómetros o mecanismos de control de accesos a las escaleras de vecinos.