Los últimos cuatro años han sido aciagos para Barcelona. El mandato que ahora acaba, con los comuns al mando, han dejado la ciudad con los delitos disparados y en caída libre en el ránking de las capitales para invertir. Ada Colau cierra cuatro años de "una gestión nefasta, muy pobre, sin grandes logros que exhibir entre el electorado, pero sí mucha gesticulación", afirman fuentes de la oposición. Por su incapacidad de lograr a acuerdos, los comuns no han sido capaces de sacar adelante el tranvía -la iniciativa aprobada en enero es un brindis al sol sin proyecto, presupuesto o calendario- y la funeraria pública.

Colau tampoco ha sido capaz de aprobar ni solo presupuesto en cuatro años de manera ordinaria, algo que jamás se había producido en el Ayuntamiento de Barcelona durante la democracia. La lista de errores es larga. La regidora de Ciutadans, Carina Mejías, añade las superillas, los recortes de presupuesto, el exceso de carriles bici -cuya construcción se ha disparado por encima los 200 kilómetros, en muchos casos, sin consenso vecinal- y los cambios de nombre de calles sin consenso. Pero, sin duda, uno de los fracasos más sonoros de Colau es ha sido no solucinar minimamente el acceso de la vivienda, seguramente el problema mayor que tiene Barcelona sobre la mesa junto a la inseguridad.

ACCESO A LA VIVIENDA

Colau prometió antes de acceder a la alcaldía que levantaría 4.000 pisos públicos y movilizaría otros 4.000, por ejemplo, de entidades financieras. Sin embargo, el balance de pisos acabados, en los que se pueda entrar a vivir, será mucho más modesto. Así lo reconocía el propio concejal de vivienda, Josep Maria Montaner, en una rueda de prensa el pasado mes de mayo. Según Montaner, antes de las elecciones, la ciudad contará con 1.500 pisos que añadir al parque público. Unas 800 casas serán de nueva edificación y otras 700 se comprarán. Pero ante un problema tan mayúsculo y las promesas electorales de Colau, los pisos logrados son más bien pocos.

La mayor parte de la oposición ha calificado el balance de pobre y rebaja las viviendas puestas al servicio de la ciudadanía a 700 u 800, según los partidos. Incluso se producen situaciones más graves. La regidora de Ciutadans, Marilén Barceló, criticó a finales de año que en Barcelona había 430 familias esperando un piso de emergencia social -es decir unidades de convivencia en riesgo de exclusión- con el expediente aprobado. Montaner se limitó a echar la culpa a la Generalitat porque los expedientes son del Consorcio de la Vivienda, formado por el Govern autonómico y el consistorio. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se asegura que estas familias han sido desahuciadas -o pueden serlo en breve- y se exige a la Generalitat y al Ayuntamiento que agilicen el funcionamiento de la Mesa de Emergencia para adjudicarles un piso.

LA INSEGURIDAD

La inseguridad es la mayor preocupación entre los barceloneses. No lo dice ni la oposición, ni Metrópoli Abierta, sino el último barómetro municipal. El estudio arroja que un 21% de los ciudadanos ven los delitos como el principal problema de la ciudad. Lo cierto es que estos cuatro años, los delitos se han disparado en la ciudad, con un aumento que ronda el 20% solo en 2018, según los datos del Ministerio del Interior. Cada dos por tres aparecen en las redes sociales y en los medios de comunicación noticias de robos y agresiones y vídeos con peleas callejeras. Particularmente preocupante es la situación del Raval por la presencia de narcopisos y toxicómanos en un número más propio de los años 80 que del siglo XXI. La grave situación se saldó, el pasado octubre, con una macrooperación policial que se saldó con 22 narcopisos clausurados y 55 arrestos.

En la gestión de la seguridad por parte de Colau no ha ayudado su evidente enfrentamiento con la Guàrdia Urbana y casi todos los sindicatos del cuerpo, muy críticos con la permisividad y tolerancia del Ayuntamiento. En una entrevista con este medio, el secretario de Organización de CSIF, Eugenio Zambrano, dijo que “Barcelona es una ciudad sin ley”. Uno de los ejemplos más evidentes de la permisividad municipal es el top manta, con centenares de vendedores irregulares en las calles de la ciudad día a tras día. Recientemente, Metrópoli Abierta destapó, los presuntos chivatazos de los dispositivos policiales de dos trabajadoras municipales a los manteros. El caso ha llegado a la Fiscalía, que ha abierto diligencias tras una denuncia del regidor del PP, Alberto Fernández.

LA FUNERARIA PÚBLICA

El último de los errores de Colau -por ahora- se ha visibilizado esta semana. A tres meses de las elecciones, la alcaldesa y el regidor Eloi Badia optaron por volver a llevar al pleno la votación para crear una funeraria pública. Lo hicieron sin contar con los apoyos necesarios, como ya había sucedido en otras tres ocasiones a lo largo del mandato, y una vez más la puesta en marcha de la empresa pública fue vetada por la mayor parte del pleno, 25 de los 41 regidores (incluida ERC, que se abstuvo). Los comuns han querido pasar como los únicos defensores de que los precios de los entierros están disparados en Barcelona -algo que en muchos casos es totalmente cierto- y que al resto de partidos es una cuestión que no les preocupa. Según el PSC, Colau quería tapar "su mala gestión" con la funeria, un proyecto que a tres meses de los comicios es "electoralismo".

Pero lo cierto es que a lo largo del mandato, el gobierno de Colau ha hecho más bien poco para abaratar los sepelios desde que la síndica de greuges de Barcelona denunció la situación a finales en 2015. La síndica propuso entonces favorecer la entrada de nuevos operadores, pero Colau no ha movido ni un dedo en este sentido. Esta semana, el PSC acusaba a los comuns de haber resucitado la funeraria para tapar sus fracasos del mandato y le ha recordado que como partícipe de un 15% de Serveis Funeraris de Barcelona aprobó la subida de un 16% de los entierros más asequibles. Además, el expediente llevado al pleno solo contemplaba la puesta en marcha de seis velatorios, lo que significa que el Ayuntamiento no tendría capacidad para influir en las tarifas del mercado, dijo el regidor del PDeCAT, Jaume Ciurana.

EL HUNDIMIENTO DE 144 NICHOS EN MONTJUÏC

La insistencia de Colau con la funeraria contrasta con el silencio que la alcaldesa ha mantenido con el hundimiento de 144 nichos, en septiembre de 2017, en el cementerio de Montjuïc, que afectó a unos 350 cuerpos, muchos de los cuales todavía no han aparecido porque se mezclaron con los escombros tras autorizar la empresa Cementiris de Barcelona la entrada de una retroexcavadora en la zona 0. La gestión municipal del caso, con el regidor Badia y el director general de Cementiris, Jordi Valmaña, a la cabeza, ha sido más que discutible, con las familias abandonadas, sin información y, en muchos casos, sin saber si algún día recuperarán los restos de sus seres queridos.

Unas 60 familias se han querellado. La denuncia no ha sido admitida a trámite, pero los representantes legales de estos afectados han presentado un recurso. Pero una de las cosas que más ha molestado a estas personas es que Colau ni siquiera les ha pedido disculpas. Así se lo recordó esta semana la regidora del PDeCAT, Sònia Recasens, en el pleno de la funeraria. Colau, tan presta como está siempre a opinar en las redes sociales, no ha abierto la boca sobre el caso. Una de las personas afectadas es Tania Hidalga, una exactivista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a quien Cementiris de Barcelona perdió ocho familiares directos.

INCAPACIDAD PARA LLEGAR A ACUERDOS 

La incapacidad de llegar a acuerdos con los partidos de la oposición ha sido otro de los grandes errores de Colau. A la alcaldesa le ha costado pasar del activismo a la gestión y esto se ha traducido en falta de apoyos en temas estratégicos de ciudad. Dos de los ejemplos más claros son el tranvía y los presupuestos. Aunque en el pleno municipal existe desde el primer día del mandato una mayoría clara a favor de la conexión del tranvía por la Diagonal, la iniciativa se ha aprobado este enero por la puerta de atrás, a solo cuatro meses de las elecciones, recordó el concejal de ERC, Jordi Coronas en el pleno.

Para los republicanos, temas como el dentista o el tranvía han salido ahora porque las elecciones están cercanas. Esto significa que el mandato acabará sin que se haya puesto ni un solo rail y sin proyecto, calendario o presupuesto, y todo queda a expensas del resultado de las próximas elecciones. Algo similar ha pasado con los presupuestos. Colau ha sido incapaz de aprobar un solo presupuesto municipal por la vía ordinaria. Dos salieron adelante por una moción de confianza (2017 y 2018), otro (el de de este año) se ha prorrogado, mientras que el de 2016 se prorrogó tras llevar a cabo una modificación del crédito, recuerda Mejías.

LA RUPTURA CON EL PSC

Buena parte del mandato, Colau ha gobernado sola. Lo ha hecho durante dos años y medio. El resto del tiempo, entre mayo de 2016 y noviembre de 2017, formó tándem con el PSC en el gobierno municipal. La ruptura con los socialistas por el apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 en Cataluña fue el detonante de la ruptura, un motivo que poco (o nada) tuvo que ver con la gestión de la ciudad, como ha recordado en varias ocasiones Jaume Collboni. La entrada del PSC en el ejecutivo municipal dio seriedad, estabilidad y, sobre todo, experiencia al gobierno de Colau. También permitió incrementar en cuatro el número de regidores y de comisionados del gobierno, lo que pemitió a los ediles de Colau dedicar más tiempo a áreas y distritos que tenían abandonados.

El pacto duró un año y medio y, entre otros logros, la presencia de los socialistas permitió firmar la paz con los restauradores por la polémica aplicación de la Ordenanza de terrazas (que ahora se ha vuelto a romper) y dio un impulso a las políticas culturales de la ciudad, con un aumento del 15% del presupuesto, la llegada de la cultura a los barrios y la puesta en marcha de proyectos como la Casa de les Lletres, abrir el diálogo con distintos sectores de la ciudad con los que los comuns ni siquiera se habían sentado, potenciar la marca Barcelona, doblar el presupuesto en promoción económica, garantizar la superviviencia del Zoo y desarrollar el nuevo modelo de gestión de la movilidad inteligente.

ADIÓS A LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO 

Collboni también puso toda la carne en el asador para intentar lograr que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, las siglas en inglés) recalara en Barcelona. El concejal socialista fue el representante del Ayuntamiento en reuniones en las que hubiera tenido que estar la alcaldesa, pero éste era un proyecto que a ella no le interesó nunca y no era tampoco del agrado de las bases de Barcelona en Comú. Finalmente, la EMA recaló en Amsterdam y la capital catalana se quedó sin más de 300 millones de euros anuales y los ingresos que 900 altos funcionarios y sus familias, con un alto poder adquisitivo, pudieran dejar en la ciudad. Barcelona también perdió la posibilidad de ser un importante polo de investigación científica y farmacéutica.

RECORTES POR LA CAÍDA DE INGRESOS

Algunas personas y altos cargos del Ayuntamiento cuentan que en Barcelona se puede gobernar con "el PSC pero no contra el PSC". Los socialistas estuvieron al frente de la ciudad 30 años y todavía tienen gente de su confianza en puestos de poder del consistorio. Será por este motivo o fruto de la casualidad que fueron Collboni y la regidora Montse Ballarín los que destaparon los recortes de Colau el pasado verano. Según el PSC, los comuns preparaban entonces recortes por valor de 107,5 millones durante 2018 y 2019 como consecuencia de la caída de los ingresos, entre otros de la plusvalía.

A pesar de la presión de la oposición, el gobierno municipal ha negado los recortes y solo ha admitido reprogramaciones puntuales. Hace un mes, Metrópoli Abierta avanzó que las limitaciones presupuestarias habían aumentado y afectaban a 118 millones este año, según datos de los socialistas, y la paralización de proyectos ya se ha materializado a pie de calle, caso de la reforma de la ronda de Sant Antoni o las inversiones en el Pla de Barris, donde solo se han ejecutado el 6% de los planes. Para Recasens, del PDeCAT, Colau se ha cargado la autonomía financiera y la solvencia de Barcelona.