La cementera Lafarge de Montcada i Reixach / LAFARGEHOLCIM - Archivo

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Gran Barcelona

La cementera de Montcada i Reixach, al borde del cierre

El Supremo ha confirmado la nulidad de la autorización ambiental concedida por la Generalitat

8 febrero, 2022 10:37

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La cementera Lafarge, en la localidad de Montcada i Reixach, está al borde el cierre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenado a la Generalitat que prepare la clausura y el precinto de la actividad.

La justicia debe confirmar ahora el cierre definitivo. Pero no debería haber problema. El Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia del TSJC que anulaba la autorización ambiental concedida por el antiguo departamento de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. La cementera Lafarge está en la retina de muchos ciudadanos porque se encuentra a pies de la autopista.

RECURSO DE CASACIÓN

Por el momento, los magistrados han aplazado la orden del cierre definitivo a la espera de que el Supremo resuelva el recurso de casación presentado contra una segunda sentencia del TSJC, dictada en octubre de 2021, que también declaró la nulidad de esa misma autorización, recoge Europa Press.

El TSJC recuerda que la consecuencia de la anulación de una licencia por sentencia firme "no puede ser otra que la clausura de la actividad", hasta que se obtenga una autorización que garantice la inexistencia de infracciones o se adopten medidas para corregirlas.

La cementera Lafarge, a pies de la autopista

La cementera Lafarge, a pies de la autopista

Tras conocer la segunda sentencia del TSJC, LafargeHolcim España instó a la Generalitat a regularizar la actividad de la fábrica de Montcada i Reixac para garantizar la continuidad de las 300 personas empleadas por la cementera de forma directa o indirecta, con la tramitación del expediente correspondiente.

PETICIÓN DE NUEVA LICENCIA

De momento, la cementera sigue en funcionamiento, como informó Crónica Global. La compañía y su plantilla piden una nueva licencia para salvar los puestos de trabajo y señalan al ayuntamiento y a la Generalitat por su gestión, mientras que los vecinos exigen el cierre.