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“He cambiado de ruta para llevar a mis hijos al colegio. Hay vecinos que se han marchado del barrio porque se encontraban hasta cuatro captadores de socios a la vez en calles poco concurridas”. Así es como Eva Vila, integrante de la asociación de vecinos Fem Gòtic y la agrupación de vecinos de diferentes barrios, Tsunami Veïnal, describe en una conversación con Metrópoli Abierta como las malas prácticas de algunas asociaciones de cannabis han alterado el ambiente de parte de Ciutat Vella.

La actividad de estos clubes es posible gracias a vacíos en la legislación española, como ha reconocido el Tribunal Supremo. Está avalada por el “derecho de las personas a asociarse” y por “la legalidad del consumo de cannabis en el ámbito exclusivamente privado y su posesión para el autoconsumo”.

VERSIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS

Para el secretario de la Federación de Asociaciones de usuarios de Cannabis de Cataluña, Eric Asensio, la ambigüedad de esta legislación desencadena una batería de “malas praxis” que solo hace que muchos clubes estén muy lejos del sistema de “consumo responsable” que impulsan desde la federación.

“A través de nuestro código de buenas prácticas proponemos varias medidas, como que se registre la actividad de cada asociación y los datos de los usuarios. También que se analicen las sustancias que se venden y se forme a los staff para que puedan informar a los usuarios de las tipologías y efectos de lo que compran”, cuenta Asensio a este medio. También habla de unas “buenas prácticas” que, "de las aproximadamente 800 asociaciones que hay en Cataluña", cumplen 23 federadas y hay otras 130 federadas que están en “proceso de adaptarse”. Aunque, al mismo tiempo, reconoce desconocer el balance de irregularidades que protagonizan todas aquellas asociaciones que no están federadas.

CAPTACIÓN DE SOCIOS

Las ilegalidades que proliferan en Barcelona son múltiples. Asensio admite que una de ellas es la promoción del consumo, que se hace a través de páginas web donde cualquiera puede inscribirse como socio y de la captación de socios en la calle, ya sean turistas o residentes. Y eso lleva tiempo generando malestar entre vecinos de Ciutat Vella, donde el secretario de la federación cree que ocurre con más frecuencia. 

“Están en la calle y debajo de nuestras casas. Cuando vemos que se sitúan en esquinas cercanas a escuelas les pedimos que se marchen. Algunos lo hacen sin discutir porque no quieren problemas, pero hay otros que se rebotan. He interpuesto algunas denuncias”, indica Vila sobre un modus operandi que, en ocasiones, también detona momentos de violencia.

Captadores de socios en Ciutat Vella / FEM GÒTIC

Captadores de socios en Ciutat Vella / FEM GÒTIC

Desde el otro lado del teléfono relata que los vecinos de Fem Gòtic y Tsunami Veïnal han visto “de todo”: desde captadores que se pelean por un cliente hasta discusiones entre captadores y clientes que se han sentido estafados o discrepan con el precio del producto. Unos conflictos que, sumados a las aglomeraciones que se crean delante de ciertas asociaciones o puntos de encuentro entre captadores y potenciales clientes, no hacen más que minar parte de la atmósfera del distrito.

“Los vecinos de Ciutat Vella estamos quemados por muchas razones. Algo que, junto al hecho de saber que están haciendo algo ilegal, hace que la gente se cabree ante las multitudes”, apunta Ángel Cordero, integrante de Acció Raval, al hablar de una realidad que también ha irrumpido en el día a día de algunos comercios. “Los captadores se quedan todo el día en ciertos ‘puntos de trabajo’ y eso ha hecho que baje la facturación de algunos establecimientos pequeños de la calle Avinyó o calle Ample, entre otros”, asegura Vila.

BURLAR AL SISTEMA

Todas las personas que quieran ser parte de una asociación tienen que ir acompañadas por un actual miembro que le haga de aval. El hecho de que turistas que no pasan más de dos semanas en Barcelona puedan fumar cannabis en algunos clubes es posible gracias a que hay captadores que actúan de falsos avaladores, “como si fuesen amigos”, explica Asensio, que al mismo tiempo insiste en que desde el código de buenas prácticas de la federación intentan combatir este método.  

“Hemos propuesto una carencia de 15 días. Es decir, que nadie pueda retirar productos hasta 15 días después de registrarse. Un turista no suele estar en Barcelona más de 15 días”, recuerda Asensio y añade: “La captación de clientes está cogiendo mucha fuerza en la ciudad. Y eso es algo que no nos interesa porque mucha gente pensará que lo hacen todas las asociaciones, pero la verdad es que se aleja mucho de la realidad”. Por su parte, Cordero recuerda que la falta de regulación y la proliferación de las malas prácticas no solo alejan a muchos clubes del “consumo responsable”, también podrían acabar con la existencia de todos. “Esto puede terminar generando un discurso en contra de todos los clubes y que, algún día, terminen diciendo: ‘todos fuera’.

SIN TASABILIDAD NI VENTILACIÓN 

Ni Cordero ni Asensio creen en la prohibición de las asociaciones cannabis, pero sí que apuestan por una regulación que promueva un “consumo responsable” y una buena convivencia en los barrios de la capital catalana. Eso evitaría, o al menos reduciría, la presencia de otra praxis irregular que poco tiene que ver con el modelo que proponen desde la federación: no tener trazabilidad del producto (desconocer de dónde proviene) y no informar a los usuarios de los riesgos de estas sustancias, subraya Asensio.

Por su parte, Vila recuerda que muchas asociaciones no respetan ciertas directrices del Plan Especial Urbanístico, aprobado el 27 de mayo de 2016 por el equipo de la alcaldesa Ada Colau. La vecina ha visto asociaciones que omiten respetar la distancia de 150 metros que deberían guardar con escuelas, bibliotecas o centros deportivos. “Una de ellas está a 80 metros de una escuela infantil del barrio de Diagonal Mar”, dice y acto seguido agrega que, además, “hay otras que no tienen un sistema de ventilación adecuado. En ciertas calles hay un olor a marihuana brutal”. Algo que también infringe el Plan Especial Urbanístico, donde se indica que las asociaciones deben “establecer las medidas necesarias para evitar la emisión de olores al exterior”.

Otra de las controversias que ha surgido a raíz del Plan Especial Urbanístico es que se compran y venden estatutos de asociaciones en el mercado negro. “No es una práctica generalizada, pero conocemos algunos casos. Es consecuencia de que el plan del gobierno de Colau limitó la creación de nuevos clubes, por lo que puede que algunos recurran a la compraventa”, dice Asensio al poner sobre la mesa una realidad que, para él, es otro efecto de la falta de regulación.

El pasado setiembre, el Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que regulaba la actividad de las asociaciones de cannabis, aprobada en el Parlament de Cataluña en 2017 y que, según Asensio, apostaba por un consumo más controlado, responsable y transparente. “Daba luz al consumo de cannabis dentro de la población. Una forma de empezar a conocer cómo es el consumo en Barcelona, qué cantidades se proporcionan a los socios y, además, promovía políticas de prevención”, sentencia Asensio al remarcar la importancia de instalar medidas de control en el sector. Para él, no tener regulación es igual a no tener nunca un "consumo responsable".

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