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El precio de la vivienda en Barcelona sigue por las nubes. Es la provincia con el precio medio del metro cuadrado más elevado de toda España, y eso hace que siga siendo habitual que se perpetren desahucios. Emma y su familia son un claro reflejo de esta infame realidad que niega un derecho básico a muchos ciudadanos. Este martes fueron desahuciados de su piso de alquiler en Sants porque no podían asumir las cuotas. Es por eso que vecinos y activistas ocuparon este martes la sede del distrito. Su meta era reclamar una solución habitacional para sus vecinas, pero no lo consiguieron. 

Como avanza Crónica Global, integrantes del Grup d'Habitatge de Sants han denunciado que la comitiva judicial había incumplido la Ley 24/2015 en el caso de Emma y su familia. A pesar de que esta decreta que no se puede producir un desalojo sin que exista una alternativa de Servicios Sociales o Vivienda para los inquilinos, el consistorio ha detallado al mismo diario que estas circunstancias eran diferentes. ¿La razón? Al ser un caso de finalización de un contrato de  alquiler de un pequeño propietario, no debía cumplir con estas directrices.

SIN ACUERDOS CON EL PROPIETARIO

“Los equipos de emergencia residencial del Ayuntamiento de Barcelona han intentado una mediación con la propiedad para parar el proceso de desahucio, incluso han ofrecido ayudas para el pago del alquiler, pero el dueño se ha negado a negociar”, indican a Crónica Global fuentes de Habitatge i Rehabilitació.

Los vecinos de Sants ocupan la sede del distrito / OBRA SOCIAL BCN
Los vecinos de Sants ocupan la sede del distrito / OBRA SOCIAL BCN

Para contrarrestar la negación del propietario de la vivienda, los propios interlocutores cuentan al mismo rotativo que ofrecieron a Emma y a su familia “una salida previa para evitar el impacto del desahucio”. Algo que ellos no aceptaron. “Servicios Sociales les ha atendido (tras el lanzamiento) y ya se ha tramitado el alojamiento de emergencia en una pensión”, han aclarado.

CATALUÑA LÍDER EN DESAHUCIOS

El grupo de activistas y vecinos que ocuparon la sede del distrito, abandonaron el encierro “bajo el compromiso de tener reuniones continuadas” con Vivienda, aunque han lamentado no haber conseguido una “solución” para Emma y su familia.

Por su parte, el Ayuntamiento también denunció ante Crónica Global el inmovilismo de la Generalitat. No destina recursos a la mediación ni a la bolsa de alquiler, por lo que no destina “prácticamente ningún recurso de vivienda ni alojamiento en la ciudad”. Y la verdad es que el panorama no está para que una administración como la Generalitat se mueva tan poco.  Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Cataluña es la comunidad autónoma que lidera, de nuevo, el número de desalojos, con 3.433 en el segundo trimestre de 2019, lo que supone el 23,3% del total nacional, por delante de Andalucía --con 2.456--, Comunidad Valenciana --con 1.960--, y Madrid --con 1.637--.