El juez se echa para atrás: BDN no tiene que realojar a una familia desalojada

El juez ha eximido al Ayuntamiento de Badalona de realojar a una de las familias que vivía en la finca ruinosa ubicada en el pasaje de la Torre número 16, que fue demolida hace un año. El motivo, que actualmente ya residen en un local público y están siendo acompañados por los servicios sociales.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Barcelona ha acordado el levantamiento de la medida cautelarísima que acordó a principios de este mes y que obligaba al consistorio a alojar a la familia tras haber dejado de sufragarles el alojamiento. En su decisión, el magistrado tiene en cuenta que la familia reside en estos momentos en un local en la calle Víctor Balaguer, propiedad de la Generalitat, que lo cedió al Ayuntamiento durante la última 'operación invierno', y que no existe riesgo de que se queden sin vivienda.

EL JUEZ “NO APRECIA LA NECESIDAD” DE LA MEDIDA

También estima que los servicios sociales han llevado a cabo "diversas actuaciones" con la familia, y que en la próxima Mesa de Valoración para Situaciones de Emergencias Económicas y Sociales se estudiará la solicitud que presentaron para acceder a una vivienda de alquiler social. Asimismo, el juez apunta que la madre está trabajando desde el pasado febrero en una empresa de limpieza e ingresa 600 euros mensuales aproximadamente, que se está llevando a cabo "un proceso de búsqueda de trabajo y formación" para una hija y que los hijos menores escolarizados cuentan con becas comedor. Es por todo esto que el juez "no aprecia la necesidad de mantener la medida cautelar".

El magistrado precisa también que la orden de realojo no puede ser empleada "a fin de obtener una vivienda que se estime más adecuada" porque la familia ya ha obtenido un alojamiento efectivo. El auto defiende que ha sido realojada "en diversas ocasiones" por el Ayuntamiento, la última en una casa de colonias de la Fundación Pere Tarrés, una opción que el ejecutivo local puso a disposición de las familias perjudicadas del pasaje de la Torre con menores a cargo tras la polémica suscitada por la decisión de dejar de pagar su alojamiento y manutención.

CRÍTICAS A LA DECISIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El anuncio del consistorio, el pasado mes de septiembre, de que dejaría de hacerse cargo de las familias, levantó críticas de diversas entidades sociales y de la oposición, que se avivaron después de que algunos afectados decidieran acampar frente a un edificio municipal hasta que se les diera una solución.

El edificio del que fueron desalojados tuvo que ser demolido a finales de 2019 cuando apareció una grieta de gran tamaño en la fachada que obligó a desalojar a toda prisa a los vecinos del inmueble. Era un edificio construido en 1967, consolidado según la normativa urbanística del entonces Plan General Metropolitano (PGM) y que en los últimos años había recibido diversos requerimientos del Ayuntamiento para que fuera reparado, ya que se encontraba en estado deficitario y había sido construido con vigas aluminosas.