Los afectados por el derrumbe del cementerio de Montjuïc intensifican su presión a Cementiris de Barcelona y a sus máximos responsables. El lunes 16 de julio, los despachos de Durán & Durán, de Miguel Durán (exdirector de la ONCE), y de Josep Maria de Palacio Lassaletta presentarán formalmente una querella contra Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía de Barcelona, y Jordi Valmaña, director general de la empresa municipal. Badia, además, es el presidente de Cementiris de Barcelona. También pedirán responsabilidades civiles por el caso contra la empresa y el Ayuntamiento de Barcelona. Finalmente, no se querellarán contra Colau, como habían pedido algunos afectados.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a Metrópoli Abierta que desde Cementiris de Barcelona se siguen cometiendo irregularidades en otros bloques del camposanto de Montjuïc al actuar y/o abrir otros nichos privados sin el permiso de las familias. Las intervenciones del personal de cementerios en estas estructuras irían enfocados a evitar nuevos hundimientos en bloques que se encuentran en muy mal estado.

JUICIO PENAL

Este viernes, los dos despachos han enviado una convocatoria en la que explican que han asumido “la defensa de los afectados por el derrumbe del Cementerio de Montjuïc después de la pésima gestión del Ayuntamiento de Barcelona y la gestora del propio cementerio”. En la misma explican que atenderán el lunes a los medios de comunicación, a partir “de las 11:15 horas en el Colegio de Abogados de Barcelona”. Los despachos de Durán y De Palacio representan a unas 50 familias.

Juristas consultados por Metrópoli Abierta explican que la presentación de una querella implica que el caso se someterá a la jurisdicción penal por presunta comisión de un delito. De prosperar la querella y dictarse sentencia firme condenatoria, las penas a aplicar serán las propias del Código Penal: multas económicas, penas de privación de libertad o la inhabilitación si se trata de cargos públicos. La sentencia puede prever indemnizaciones económicas a favor del querellante.

IRREGULARIDADES

El 15 de septiembre de 2017 se hundió un bloque con 144 nichos en Montjuïc con los restos de 358 personas fallecidas. Dos días antes ya se habían detectado las primeras grietas, pero Cementiris de Barcelona no llamó a los bomberos, un cuerpo que hubiera podido determinar si existía "un riesgo inminente" de derrumbe. En las horas posteriores, según fuentes del sector, se cometieron algunas irregularidades. La normativa, por ejemplo, obliga a comunicar este procedimiento al juez y a los familiares antes de volver a enterrar a los cadáveres, un protocolo que no hizo la empresa municipal.

El 10 de enero de 2018, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, denunció la falta de mantenimiento en todo el cementerio de Montjuïc. Vilà puso en tela de juicio que se esté invirtiendo lo suficiente y reclamó una revisión de todos los edificios del camposanto que puedan sufrir patologías. También criticó la poca información que han recibido las familias, convencida de que el hundimiento es un caso de “negligencia” municipal, y se mostró partidaria de que los afectados sean indemnizados por daños morales.

SIN ACCIONES PREVENTIVAS 

En su resolución, la síndica destaca que las características de la montaña de Montjuïc, con "una orografía y geología muy concreta", que se valora como "muy crítica", hubiera hecho necesario "la implementación de mejoras técnicas adicionales para dar seguridad a las construcciones", apunta. Asimismo, la síndica plantea que si muchas de las patologías y deficiencias en las construcciones ya existían antes de la elaboración del Plan Director del Cementerio, en 2007, "se podían haber realizado actuaciones preventivas". 

Los partidos de la oposición han denunciado la gestión del actual gobierno municipal en la crisis del hundimiento, que se conoce como el Yak-42 catalán, en referencia al accidente del avión militar en tiempos del ministro de Defensa Federico Trillo, y su falta de sensibilidad. Y han censurado que Cementiris de Barcelona haya tenido un superávit de 22 millones de euros en los últimos 11 años y esos beneficios no hayan se hayan transformado en mejoras en los camposantos de la ciudad.

800.000 € EN ESTUDIOS DE ADN

Recientemente, Cementiris de Barcelona ha iniciado la licitación de los estudios de ADN para identificar a la mayoría de los cadáveres del hundimiento. La principal equivocación de este caso, más allá de la falta de mantenimiento y la previsión para evitar el accidente, fue dejar entrar, tras el siniestro, una retroexcavadora en la zona 0, que mezcló los restos humanos y otros escombros y que a la postre dificultará enormemente la identificación de los cuerpos. Los trabajos de ADN, que se prolongarán meses, costarán unos 800.000 euros. En total, el derrumbe de Montjuïc ha costado 1,4 millones de euros, aunque según Valmaña la mayoría no repercutirán en las arcas de Cementiris porque los cubrirá el seguro. 

El director general de Cementiris ha sido motivo de polémica los últimos días por gastos de 913 euros en siete comidas para 19 comensales que facturó a la empresa pública. Valmaña tiene un sueldo anual de unos 108.000 euros. En las comidas o cenas del directivo con otros profesionales del sector no faltan arroces, pescados y vinos de marca. El lunes se querellarán contra él.