Las pymes quieren su trozo de pastel en las licitaciones municipales

El diálogo social del que tanto habla el Ayuntamiento de Barcelona ha vivido este lunes un nuevo capítulo con la firma, junto a UGT, CCOO y la patronal PIMEC, de una declaración en favor de una contratación pública sostenible. El principal objetivo del manifiesto es garantizar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a las licitaciones públicas, que hasta ahora han sido “un monopolio” de las grandes compañías. El propio Ayuntamiento, que cada año adjudica contratos por valor de 1.590 millones de euros, ha reconocido que en 2015 el 80% de sus licitaciones estaba en manos de solo 60 proveedores, una situación que va a cambiar cuando se firme el decreto que activará la Guía de contratación social.

“Las administraciones están bajo el foco” y deben dar ejemplo por los continuos casos de corrupción e irregularidades en la contratación, ha explicado el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. También ha insistido en la necesidad de “rehacer el pacto social” para defender el tejido productivo local, que genera la mayor parte del empleo y la riqueza de la ciudad, sin dejar de lado a las grandes empresas. “Estamos en contacto con Foment (del Treball)” para que pueda sumarse a la iniciativa, ha dicho. Sin embargo, fuentes de la patronal han explicado a Metrópoli Abierta que nadie del Ayuntamiento les "ha llamado" y que les hubiera gustado estar presentes en las conversaciones.

LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS

El acto, que ha mostrado la sintonía del consistorio con los agentes sociales, también ha servido para escenificar el rechazo de los presentes a la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados. Según el presidente de PIMEC, Josep González, la transposición de las directivas europeas llega “tarde y mal” porque reproduce los mismos defectos que ya tenía la norma anterior y se han ignorado las peticiones de las pymes. 

González ha asegurado que más de 100 organizaciones que representan a 1,5 millones de pymes han hecho un frente común para introducir enmiendas en el proyecto. “Todos los partidos, excepto el PP, apoyan nuestras reivindicaciones”, aunque reconoce que hay matices y diferencias entre las formaciones. PIMEC quiere que la nueva ley garantice el acceso a las pymes, evite requisitos desmedidos para presentarse a las licitaciones, que la contratación se haga por lotes, se aseguren los pagos a las subcontratas y se pondere el peso del precio final en la valoración global de las ofertas, medidas que también respaldan el Ayuntamiento y los agentes sociales en el manifiesto.

Tanto la portavoz de UGT, Laura Pelay, como el secretario general de CCOO en Catalunya, Joan Carles Gallego, han ensalzado el valor de la declaración y han pedido al Gobierno central y al resto de administraciones que utilicen la contratación pública para crear empleo de calidad para el conjunto de las empresas, no solo unas cuantas. También han reclamado que las administraciones dejen de trabajar con empresas que tengan actividad directa o indirecta en paraísos fiscales.

APROVECHAR “BRECHAS JURÍDICAS”

Igual que en el debate sobre un salario mínimo o de referencia en la ciudad, el Ayuntamiento no tiene competencias para regular la contratación pública, pero Pisarello ha recordado que buscan “brechas jurídicas” para que las licitaciones sean más sostenibles y accesibles a las pymes. El más reciente, el intento de incluir una cláusula de pobreza energética en el contrato de suministro de electricidad, que finalmente fue tumbado porque no se ajustaba a la legalidad. 

Sí tuvo éxito, en cambio, la adjudicación en lotes de la auditoría de las cuentas anuales del consistorio y sus empresas, que tuvo lugar en noviembre del año pasado y que desde 2012 había ganado siempre una UTE liderada por Pricewaterhouse Coopers. Para garantizar más competencia, el Gobierno municipal dividió la licitación en cuatro lotes, con un máximo de dos por empresa, y redujo la cifra de negocio mínima para poder presentarse de cinco a dos millones de euros, medidas que lograron que cuatro empresas distintas se adjudicaran los lotes.