Francesc Sibina, Joaquim Llansó y Ramón Tamames, durante la presentación del informe / CR

Francesc Sibina, Joaquim Llansó y Ramón Tamames, durante la presentación del informe / CR

Economía

La iniciativa privada gestiona mejor los servicios públicos

Los autores dicen que la seguridad jurídica es clave para ello

1 abril, 2019 13:58

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La necesaria colaboración entre el sector público y el privado para ofrecer a los ciudadanos la mejor calidad en el servicio al menor coste posible. Bajo esta premisa, la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras y Servicios Públicos (CCIES) y la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) han presentado un documento, titulado 'La colaboración público-privada: una oportunidad para la administración local'.

Han sido los presidentes de ambas asociaciones, Francesc Sibina (CCIES) y Ramón Tamames (AESP), los que han dado a conocer las claves del documento que va dirigido a los partidos políticos que aspiran a gobernar los municipios tras las próximas elecciones locales, en un acto presentado por Joaquin Llansó, vicepresidente de Foment del Treball.

EL EJEMPLO DE LOS JJOO

En el documento, que pone como ejemplo paradigmático el de la organización y desarrollo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se destacan las aportaciones y los beneficios que la colaboración público-privada tienen para las ciudadanos.

Entre los beneficios destacan la estabilidad que confieren a los servicios públicos, el aporte de recursos privados que permiten liberar los públicos para ser destinados a políticas sociales, la calidad de los empleos, la estabilidad y la posibilidad de promoción laboral, la consecución de objetivos de I+D+I, la creación de ocupación y el dinamismo económico y la transparencia en la prestación de los servicios.

SIN RECURSOS

El presidente de CCIES, Francesc Sibina, ha destacado que lo importante es que los ciudadanos reciben los mejores servicios. “Se ha superado la crisis pero no el déficit. Por eso en los servicios públicos, como sanidad, educación, pensiones, hay mucho retraso ya que no hay presupuesto”, ha afirmado.

Por ello considera que se deben buscar soluciones, que históricamente siempre se han hallado en el sector privado. “Hay que buscar soluciones y siempre se han hallado en el sector privado para avanzar económicamente y en calidad de vid”, ha añadido.

SIBINA Y TAMAMES

Sibina también ha añadido que es importante que la administración, “que siempre es la titular del servicio y pone las condiciones de la concesión”, tenga los mecanismos necesarios para controlar el cumplimiento de los contratos. “Pero muchas veces es la administración la que no tiene recursos para llevar a cabo ese control”, ha recalcado Sibina.

Por su parte, Ramón Tamames ha destacado el decálogo al que se hace referencia en el documento, y ha asegurado que “es evidente que las administraciones no pueden llegar a todas partes”. Además, Tamames considera que para evitar futuros problemas hay que estudiar detenidamente las condiciones de la concesión. “Hay que hacer estudios detallados de los riesgos para evitar fracasos, que algunos los ha habido”, ha dicho.

SEGURIDAD JURÍDICA

Para los autores del estudio, el que la gestión privada obtenga beneficios es lógico, pero no quiere decir que el coste para los ciudadanos sea mayor. En el estudio se refleja que si bien esa es al finalidad de las empresas privadas y no de las públicas, a las administraciones les resulta más oneroso y menos eficiente la gestión del servicio ya que los costes que tiene son más elevados que los de la empresa privada, que se mueve en niveles de mayor eficiencia que reducen sus costes.

Pere Macias, uno de los autores del informe, ha asegurado que los estudios reflejan que la administración tiene mayores costes que la empresa privada. “El absentismo laboral en la administración es cinco puntos más elevado que en la privada y los costes en la adquisición de algunos bienes son un 25 % más elevados”.

Además, el informe hace consta que es necesario que se respeten las reglas de juego para atraer la inversión necesaria para que los servicios sean de calidad. “Que la adninistración cuestione contrtos vigentes tiene efectos disuasorios hacia cualquier empresa que quiera prestas esos servicios”, ha afirmado Sibina. “Es necesario que haya seguridad jurídica y que la adninistración tenga prestigio, que no vaya poniendo trabas y diciendo que quiere volver a cambiar la gestión”, ha concluido.