Vecinos pobres en Barcelona, especie en expulsión

Algunas calles de los núcleos antiguos de los barrios de Barcelona guardan un encanto especial. Pasa en Sants, les Corts, la Sagrera, Horta, el Gòtic... y también en Sant Andreu. Cerca de la plaza del mercado sobrevive desde hace cerca de 200 años una calle que ahora toma el nombre de Pons i Gallarza, un poeta nacido en el antiguo municipio de Sant Andreu del Palomar que fue uno de los impulsores de los juegos florales.

La vía, que une la avenida de la Meridiana con la calle Gran, es tranquila y adornada con naranjos y farolas que le dan un aire de finales del XIX. La calle está construida con adoquines que dificultan, adrede, el paso de vehículos. Más que un taxi o un coche último modelo, uno espera que asome por uno de los extremos un carruaje tirado por caballos.

Pons i Gallarza, como otras de las calles que la rodean, guarda cierto aire a pueblo. Muchas de las casas son bajas, de una o dos plantas, y casi todos los vecinos se conocen. Junto a la Meridiana, llama la atención una pequeña isla de nueve casas bajas con pancartas en los balcones contra la especulación inmobiliaria. "Aquí vam néixer i d'aquí no marxem", "Desde 1935. No marxem" y "Fora especuladors", se puede leer.

Las familias que viven de estas fincas, situadas entre las calles de Pons i Gallarza, Renart y la riera de Sant Andreu, son todas arrendatarias. Todas aseguran tener contrato en vigor (algunas indefinido, otras temporal), pero desde hace unos meses, desde que la antigua propietaria murió y el heredero vendió las casas a unos inversores que todavía no conocen, dicen vivir con la amenaza de ser expulsados de las viviendas, en el mejor de los casos cuando acaben sus contratos, porque no podrán hacer frente a los precios que la nueva propiedad les querrá imponer.

La situación que denuncian estos vecinos no es nueva en Barcelona. El Ayuntamiento tiene detectados 38 edificios comprados por empresas o inversores con vecinos que "reciben fuertes presiones para que abandonen sus casas", en palabras de la alcaldesa Ada Colau, para dar entrada a personas con un mayor poder adquisitivo o poner los pisos a la venta a precio de oro tras reformarlos  A veces, estas presiones son sútiles, otras veces más bárbaras. En cualquier caso, la consecuencia es que vecinos de toda la vida tienen que abandonar el barrio donde llevan años viviendo por ser pobres. Es lo que se conoce como gentrificación.

Algunos de estos vecinos de Pons i Gallarza llevan décadas viviendo en estas casas. Una de las inquilinas, Yolanda Beltri, nació en Pons i Gallarza. Otra, Pepita, tiene 80 años. Uno de los contratos data de 1935, otro de 1938. Otros vecinos llegaron más tarde, pero las condiciones no variaban. “Pactamos con la propietaria alquileres más bajos a cambio de hacernos cargo de las reformas”, explica una de las arrendatarias, Jeni Ramos, que vive en Pons i Gallarza con su pareja y su hija menor de edad desde hace cuatro años. Los precios de los alquileres se mueven entre 200 y 500 euros.

Pancarta contra la especulación en uno de los balcones de los inquilinos de Pons i Gallarza / J S

Carla Mischke es otra de las inquilinas de una de estas casas, aunque la suya se encuentra en la calle de Renart, esquina con Pons i Gallarza. “Llevo 15 años en la vivienda. Cuando entramos a vivir, la casa estaba sin acondicionar. Había goteras y ratas. Nosotros hemos hecho todas las obras de mejora y dimos de alta los servicios. Hasta hablamos con la propietaria para comprar la casa”, explica la vecina, que tiene contrato otros tres años más. Mischke, como otros de los vecinos, sólo tienen buenas palabras para la antigua propietaria. 

PAGO DE IMPUESTOS

Pero la propietaria, la señora Carme Tura, falleció el pasado abril con más de 90 años. Y ahí empezaron los problemas para estos arrendatarios. El heredero de las fincas --Salvador Tura, primo lejano de Carme-- "tuvo que vender las fincas con cierta rapidez porque no tenía dinero en efectivo para hacer frente a la plusvalía y al impuesto de sucesiones de la herencia. Los plazos para pagar los impuestos son muy cortos y mi cliente no tuvo tiempo de negociar individualmente la venta de cada casa”, explica el abogado que llevó la herencia, Josep lglesias.

"La venta ya se ha formalizado y quien se ha quedado las casas ha sido una empresa", afirma Iglesias, que no quiere desvelar de quién se trata. “En noviembre se presentó en la finca un hombre que dijo representar a los nuevos propietarios para decirnos que nos teníamos que ir. Nos ofrecieron dinero, pero no quisimos entrar en el juego. Nosotros nos queremos quedar a vivir aquí”, cuenta Ramos.

A Ramos y a su familia, que acaban contrato en octubre, les ofrecieron 10.000 euros. A otro vecino, Roger, con todavía unos ocho años de alquiler, le pusieron sobre la mesa 30.000 euros. En ambos casos, la salida de las casas tenía que ser rápida. Quién los visitó, dicen, fue un tal Albert. Metrópoli Abierta se ha puesto en contacto con él y asegura que no tiene nada que ver con el proyecto.

Este tipo de prácticas cada vez son más habituales en Barcelona, especialmente en barrios céntricos o turísticos. Eixample, Poblenou, Poble-sec ya sufren algunas estas operaciones especulativas. El barrio de Sant Antoni, con la reforma del mercado a punto de acabar, se ha convertido en un caramelo para los inversores. La plataforma Fem Sant Antoni dice que en esta zona peligran unos 3.500 contratos de alquiler que acaban, como muy tarde, en 2020. 

Grandes inversores o empresas compran edificios enteros que suelen tener alquileres temporales, y cuando consiguen echar a los inquilinos reforman los inmuebles para después ponerlos de nuevo en el mercado a precio de oro. El caso de Sant Andreu llama la atención porque se trata de un conjunto de casas unifamiliares.

REFORMAS TRAMPA

En ocasiones, se aprovecha la reforma integral de un edificio para expulsar a los vecinos, lo que ha llevado al gobierno de Colau a tomar medidas para proteger el derecho de los inquilinos. Así, la alcaldesa ha iniciado los trámites para cambiar la normativa de las rehabilitaciones de los edificios para garantizar el realojo de los vecinos durante las obras y, una vez acabados los trabajos, que puedan regresar a las viviendas.

El Ayuntamiento obligará a los grandes inversores a realizar un informe preceptivo y vinculante, que incluya el compromiso al realojo de los residentes, para conceder la licencia de obras. Recientemente, Colau ha paralizado dos reformas integrales de edificios en el Poble-sec y el Clot por irregularidades.

En el caso de Pons i Gallarza, los vecinos hablaron con el heredero tras la muerte de la propietaria. Incluso le dejaron entrar en las casas con unos arquitectos y ahora creen que "sólo fue para tasarlas", cuenta Ramos. “En un principio negó que se hubiera producido la venta”, añade. Los vecinos explican que están dolidos con el heredero porque no se les ofreció la posibilidad comprar las viviendas. Se había planteado formar una cooperativa y adquirir las casas de forma mancomunada. Tampoco les informó de la compra-venta y se enteraron de la operación cuando se había formalizado el contrato de arras. Según el abogado Josep Iglesias, el traspaso ya se ha materializado totalmente.

Hasta el pasado diciembre, pagaron el recibo mensual como lo hacían habitualmente, a través de Fincas Campanyà. "En enero el administrador nos dijo que dejaba de gestionar estas fincas, pero en ningún momento nos comunicó a quién teníamos que hacer el ingreso”, subraya Mischke. En enero se las vieron y desearon para pagar el alquiler. Una de las prácticas que los inversores --no se dice que tenga que ser así en este caso-- suelen utilizar para echar a los inquilinos es acusarles de impago.

Patio interior de los inquilinos de Pons i Gallarza, con vistas a la riera de Sant Andreu / J S

Finalmente, y tras las preceptivas consultas legales, la mayoría acabaron pagando el alquiler a la hermana de la fallecida, Aurora, una señora mayor que necesita permanente atención médica, que resultó ser la usufructuaria de la herencia. “En mi caso, el alquiler lo cobró el mismo administrador de fincas”, apunta Mischke. Supone que fue por error porque después le pedía que devolviese el recibo. "Decía que no tenía validez legal".

Recientemente, Mischke ha recibido dos cartas. En una de ellas se la informa que será la empresa Valminarsa 2004 SL la que se encargará de cobrar los alquileres a partir de ahora y se le da un número de cuenta donde hacer el ingreso. Paralelamente, tiene en su poder una misiva de Aurora Tura que le dice que para cualquier tema sobre el alquiler o la finca se debe dirigir a Finques Estudi Vic. "Pero nadie nos dice quién es el nuevo propietario. El secretismo es total", se queja. Metrópoli Abierta ha intentado sin éxito contactar con estas empresas para intentar obtener su versión de los hechos.

¿ACOSO INMOBILIARIO?

“El consistorio no habla de acoso inmobiliario. Es un delito y quien lo tiene que determinar es un juez”, afirman fuentes municipales. Además de endurecer la Ordenanza para conceder la incencia de obras para rehabilitaciones integrales, en dos casos, el Ayuntamiento ha comprado las fincas. Se trata de dos edificios, uno en la calle de Lancaster (Ciutat Vella), y otra en la calle de Leiva (Sants-Montjuïc). Sin embargo, para que el ejecutivo municipal compre una de estas fincas se deben dar una serie de circunstancias, desde situaciones de vulnerabilidad a que sea de interés general o el que precio valga la pena.

“El Ayuntamiento no puede comprar todas las fincas en estas situaciones”, afirma un portavoz. En esos casos, normalmente, el Ayuntamiento interviene en el momento en que se está produciendo la venta, y con la ley en la mano, puede igualar la oferta y quedarse el inmueble.

Fuente municipales afirman estar asesorando a los vecinos de Pons i Gallarza. El primer contacto se produjo el 21 de diciembre, a través de la oficina de vivienda de Sant Andreu. Una de las primeras recomendaciones que el consistorio asegura haber dado a los inquilinos es que paguen las mensualidades por giro postal. El Ayuntamiento añade que ha abierto un expediente de mediación, pero recuerda que para que funcione las dos partes deben aceptar la mediación. 

En Pons i Gallarza y Renart, las vecinas consultadas por Metrópoli Abierta, ambas con contrato vigente, ni se plantean dejar la casa. Tanto Ramos como Mischke tienen hijos escolarizados en el barrio y no pueden pagar los precios de alquiler al alza en el barrio. Aunque en Sant Andreu, los alquileres no han subido tanto como en otras zonas de Barcelona, los precios pueden alcanzar fácilmente los 800 y 900 euros. En dos años, en el conjunto de la ciudad, los alquileres han subido un 20%.

Años atrás, estas casas de Pons i Gallarza se salvaron de la piqueta en el tiempo de descuento. En 2011, en tiempos del alcalde Xavier Trias, las viviendas, y buena parte del casco antiguo de Sant Andreu, estaban afectadas por el Plan General Metropolitano y tenían que ir al suelo. La movilización vecinal, con la plataforma Salvem el Casc Antic al frente, consiguió paralizar en 2013 los planes municipales y la desafectación de la mayoría de las casas de la zona.