A los cuepos del orden del Estado, ni mu. Esta es la reflexión que se desprende de después que el Ministerio del Interior haya pedido a la Fiscalía General del Estado que investige las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. ¿Y qué dijo la máxima responsable política de la ciudad? Notificó que su Ayuntamiento se presentaría como acusación particular en las agresiones más graves de policías a sus ciudadanos. Entre estas, las vejaciones sexuales que habrían denunciado, como mínimo, dos mujeres.

DE 12 A 18 MESES

La puesta en duda de la profesionalidad de los agentes le puede salir muy cara a la alcaldesa. Según el Ministierio de Interior que dirije Juan Ignacio Zoido (uno de los responsables de las cargas policiales para impedir el referéndum), la alcaldesa podría haber incurrido en un delito de injurias graves "contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", el cual se encuentra tipificado por el artículo 504.2 del Código Penal. Cabe destacar que este delito se castiga con una pena de multa de 12 a 18 meses. Ahora será Fiscalía quien deba tomar la decisión de admitir a trámite la investigación o no.

De hecho, y a pesar de los inacabables vídeos, Interior sostiene que la actuación de los agentes fue en todo momento "proporcionada" y estaba amparada por la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Intervenciones en las que, asegura, el único objetivo era retirar el material electoral. Sin embargo, por delante se llevaron cuantiosos destrozos materiales que solo en el caso de los colegios públicos Barcelona supera los 100.000 euros. En toda Catalunya la factura asciende hasta los 314.000 euros.

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad frente al colegio Ramón Llull/EFE/Alberto Estévez

EL GOBIERNO DE MADRID, CON COLAU

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, ha tildado de "irresponsabilidad profunda" la investigación a la alcaldesa de Barcelona. En su opinión, esta coyuntura responde a un "mundo al revés", en el cual se manda a Fiscalía quien trata de atajar la violencia machista y las agresiones a las mujeres.

En la misma línea, la delegada de Políticas de Género y Diversidad de Madrid, Celia Mayer, también criticó duramente la petición de Interior a la Fiscalía y la tildó en las redes sociales de "machismo de Estado". En su opinión, el caso evidencia que "las instituciones actúan como el brazo ejecutor del patriarcado".