Exterior del edificio Roger de Flor, 209 / Google Maps

Exterior del edificio Roger de Flor, 209 / Google Maps

El pulso de la ciudad

Roger de Flor 209: el último caso de acoso inmobiliario

De los 50 vecinos que denuncian presiones para abandonar, cinco tienen contratos de alquiler indefinidos y el resto, temporales

28 junio, 2017 19:08

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El edificio Roger de Flor 209 se suma a los bloques en lucha contra la especulación inmobiliaria. Los 50 inquilinos que viven en este bloque, de ellos 24 familias, han convocado una rueda de prensa este miércoles para denunciar las presiones que están recibiendo con el único objetivo de que abandonen los pisos. Todos ellos viven de alquiler.

El bloque, situado en el distrito del Eixample, tenía una propietaria que falleció el pasado noviembre. Tras su muerte, los herederos han decidido vender el edificio, aunque desconocen por ahora a quién, según ha explicado uno de los afectados, Víctor Conejero. La alarma saltó cuando un arquitecto visitó el bloque para compobar la situación del mismo.

“UNA SEÑORA LLEVA AQUÍ DESDE 1938”

Del medio centenar de vecinos, solo cinco cuentan con un contrato indefinido de alquiler. El resto, firmó un contrato temporal que expiran entre junio y diciembre. Según han explicado los afectados, los propietarios se han negado ha rubricar prórrogas.

"Algunas de las personas son jubilados, una señora lleva viviendo aquí desde el año 38", ha explicado Conejero, que pide que la administración tome medidas para "que se respete" su derecho a tener un plan de vida, informa EFE. Según los mismos interlocutores, los propietarios solo accederán a reunirse con los inquilinos si estos retiran las pancartas que han colgado en sus respectivos balcones.

OTROS CASOS DENUNCIADOS

El caso de este bloque situado en el Eixample se conoce una semana después de que los vecinos del bloque Nou de la Rambla 128 convocaran una rueda de prensa a pie de calle. Sus inquilinos, también de alquiler, temen que el propietario esté negociando la venta del edificio. Algunos de ellos acaban de firmar una prórroga por tres años, lo que marca la ley, pero si se hace efectiva la compraventa, este contrato puede quedar obsoleto. Todo depende del nuevo casero.

A estos dos casos se suman el de Leiva 37, que consiguió frenar la expulsión de los vecinos después de que el Ayuntamiento hiciera uso del derecho de retracto para deshacer la operación inmobiliaria y adquirir el inmueble por el mismo importe ofrecido por una fondo. La lista sigue con el caso de Lancaster, y un etcétera cada vez más habitual en la capital catalana.