¿Al norte? La cicatriz de barro y vías férreas de La Sagrera. ¿En el centro? El foro de grúas y hormigoneras de Les Glòries. Cada una, de un dueño distinto. La primera de Fomento, la segunda del Ayuntamiento. Pero con un denominador común: las irregularidades y los retrasos en su ejecución. La regidora de Urbanismo, Janet Sanz, ya ha avanzado que la auditoría determinará si habrá que romper el contrato con las empresas adjudicatarias. “No queremos 'La Sagrera II'”, ha señalado.

Que en las obras la cosas no han ido como se esperaba, es evidente. Pero el consistorio no moverá ficha hasta que la auditoría saque las cosas en claro. “Ya tenemos las causas de los retrasos, lo que necesitamos es establecer las responsabilidades”, ha declarado Sanz. Una vez se sepa quién ha fallado, el régimen sancionador que contempla el contrato se activará y la relación con la empresa responsable quedará al borde del precipicio. ¿La decisión? En manos de los servicios jurídicos.

NEGOCIACIONES CON LAS CONSTRUCTORAS

La regidora de Urbanismo ha desmentido los titulares de la prensa que apuntaban a negociaciones a puerta cerrada con las empresas para renegociar el contrato. Pero aún así, ha admitido que “las conversaciones son permanentes en una obra”. Con las puertas abiertas o con las puertas cerradas, lo que sí ha asegurado Sanz es que las empresas deben cumplir con las condiciones: “ni un sobre coste más y ni un retraso más deforma injustificada”. Tal como se avanzó hace unos días, el sobre coste de la obra ya se sitúa en un 19% (12 millones de euros por encima de lo establecido).

En función de las conclusiones del informe, el equipo de gobierno se plantea rescindir el contrato y plantear una nueva licitación. La misma responsable de Urbanismo ha criticado “el sistema perverso” de las adjudicaciones, “donde las ofertas más económicas acaban ganando, mientras que los aspectos técnicos no se terminan valorando”. Por este motivo, ha hecho un llamamiento a un cambio de legislación. En el caso de Les Glòries, el contrato lo ganó una Unión Temporal de Empresas, que rebajó en un 25% el coste calculado por los técnicos del Ayuntamiento.

INCERTIDUMBRE POLÍTICA

En el pleno del Ayuntamiento, el grupo municipal de C's ha conseguido aprobar por unanimidad una proposición en el que insta al Gobierno a tirar adelante las obras, asumir un calendario con fecha de finalización y establecer un plan financiero. Su líder, Carina Mejías, ha reconocido al Gobierno que “el señor Vives les ha dejado una herencia envenenada”. Tal como ha recordado, el atestado de la Guardia Civil vincula la adjudicación de la obra con mordidas y la trama del 3%.

Quienes tampoco quieren que el proyecto se frene con una nueva adjudicación (la cual podría retrasar el proyecto un año más a los ya acumulados), son los ediles de ERC. Las preguntas que ha lanzado el portavoz republicano, Jordi Coronas, resultan fácilmente interpretables como un posicionamiento contrario a romper los actuales contratos. Aunque, como bien ha reconocido Coronas, si los contratos no los rompe el Ayuntamiento, Adif sí que podría terminar frenando la obra. Una querella después del accidente con el túnel podría ser el último detonante.

“Reiteramos la necesidad de acabar el túnel de les Glòries, pero es imprescindible hacerlo bien, a tiempo, con transparencia y dentro del precio establecido”, ha apuntado el líder del PP, Alberto Fernández Díaz. Si bien el líder popular no ha mencionado el estado de los túneles de Adif, sí que lo ha hecho la portavoz de la CUP – Capgirem Barcelona, Maria José Lecha. El grupo municipal de la izquierda independentista ha recordado cómo “el proyecto presentaba importantes deficiencias; cosa habitual en este país”. Además, Lecha ha indicado que “quién redactó el proyecto y el Gobierno que lo aceptó tienen que asumir su responsabilidad”.

CRÓNICA DE UN FRACASO

Acusar de electoralismo a CiU (ahora Demòcrates) lo han hecho tanto la CUP como el PSC. Ambas formaciones coinciden en las prisas del equipo de Trias para ejecutar el proyecto antes de los comicios del 2015. En opinión del regidor del PSC, Daniel Mòdol, el proyecto es “una crónica de un fracaso anunciado en la ciudad”. “Ya habían informes que nos decían que estábamos haciendo una ruina de obra, incluso contra los informes técnicos”, ha recordado.

Mòdol ha denunciado que la obra “ya se sabía que sería un fracaso, lo es y lo tiraremos adelante, pero sabiendo que costará 10 veces más de lo que estaba previsto”. ¿600 millones en base a los 60 por los que se adjudicó la obra? No. Antes que se aprobara el proyecto final, el regidor socialista ha asegurado que ya existía otro dossier en el cual se contemplaba hacer pasar los túneles de la Gran Via por encima de los de Adif. De esta manera no se habría tenido que sumergir la circulación rodada por debajo del nivel freático como se va a llevar a cabo.

Si bien Mòdol pone la mano en el fuego por los ingenieros que han planificado la obra, también reconoce el mar de sorpresas y riesgos que se abrían al perforar por debajo del resto de infraestructuras. “Tenemos problemas con los túneles de Adif desde el año 1989; en la urbanización de Glòries y Meridiana ya se perforó el túnel y son 5 centímetros de grosor por arriba. Que nadie se ponga las manos a la cabeza, sobretodo quienes tomaron la decisión política, cuando todos los riesgos eran evidentes y estaban descritos”, ha explicado el regidor, aunque sin presentar el informe Bimsa al que hace referencia.

"TOTAL RIGOR Y LA MÁS ABSOLUTA LEGALIDAD"

Ante el cuestionamiento al proyecto, Jordi Martí del grupo municipal Demòcrata ha resaltado que “es un proyecto prioritario para Barcelona, que mejorará el espacio público y los barrios afectados”. A la vez, ha intentado hacer una maniobra de despiste destacando que “este proyecto nunca ha sido santo de devoción de este Gobierno”. Sobre las acusaciones a cómo se diseñó y ejecutó el proyecto, Martí ha defendido que estas “se ejecutaron con total rigor y la más absoluta legalidad, como todas las que ha hecho Bimsa”.  

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