El gobierno de Ada Colau ha comprado un edificio en el barrio de La Marina del Prat Vermell con 114 pisos que se destinarán a vivienda social. La finca, que se encuentra en la calle de Encuny 7 y ha costado 5,8 millones de euros, cuenta con 59 pisos vacíos, la mayoría de los cuales se destinarán a emergencia social a través del Consorcio de la Vivienda de Barcelona.

El anuncio se ha hecho este jueves y se produce tres días después de que Metrópoli Abierta publicara que en Barcelona hay 430 familias que esperan una vivienda de emergencia social que ya les ha sido adjudicada. El número de unidades de convivencia que esperan una casa de esta tipología casi se ha doblado el último año en la ciudad. Ha pasado de 220 a 430. El objetivo de Colau es destinar a emergencia social una treintena de las 59 viviendas vacías. El resto de pisos pasarán a formar parte del parque público de la ciudad. 

401 PISOS RESCATADOS

Los comuns han enmarcado la compra del bloque de la calle de Encuny en la lucha contra la especulación inmobiliaria y aseguran que, a lo largo del mandato, ya "se han rescatado 401 pisos de operaciones especulativas" en la capital catalana. El consistorio ha adquirido el edificio ejerciendo el derecho de tanteo y retracto --de compra preferente-- y por debajo del precio de mercado a una sociedad formada en un 50% por BBVA y un 50% por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Desde 2015, el Ayuntamiento ha invertido 64,1 millones de euros en la compra de 661 pisos. Del total, 401 están ahora en edificios de propiedad municipal, 163 eran de entidades financieras y 97 se encuentra en fincas de propiedad horizontal. Según Colau, la mayoría de estas viviendas ya han sido ocupados por familias, aunque el 30% están en procesos de rehabilitación.

502 EXPEDIENTES DE EMERGENCIA SOCIAL

El pasado viernes, la regidora de Ciutadans, Marilén Barceló preguntó al concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, cuántas familias de la ciudad esperaban un piso de emergencia social en Barcelona. Montaner dijo que ahora en la mesa de emergencia social hay 502 expedientes de familias que esperan una vivienda urgentemente y en 430 casos se ha hecho una "valoración positiva", lo que significa que se les tiene que conceder un lugar donde vivir inmediatamente. Sin embargo siguen sin casa. El regidor echó la culpa a la Generalitat.

La mesa de emergencia forma parte del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, una institución financiada, en principio, en un 60% por la Generalitat y en un 40% por el Ayuntamiento. Pero la mayor parte de los pisos son de titularidad municipal. Según Montaner, este mandato se han puesto a disposición de la mesa de emergencia social 1.072 viviendas, de las cuales el Ayuntamiento ha aportado 834 y la Generalitat únicamente 236. "Si la Generalitat hubiera puesto los pisos que le pertocan por ese 60%, no habría 430 familias esperando una vivienda", afirmó el regidor de vivienda. En los datos facilitados por el regidor faltan dos pisos.