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La Generalitat busca “soluciones provisionales”. El órgano ha optado por albergues juveniles, hoteles y casas de colonias ubicados en Barcelona, Calella, Gualba o Lloret de Mar para alojar a varios de los menores migrantes tutelados. La Generalitat apunta que son “soluciones provisionales” pero los educadores critican que los espacios no están preparados para realizar clases a los adolescentes.

En la capital catalana unos treinta menores están actualmente viviendo en un hostal. Hace tres semanas que los adolescentes viven en ese espacio donde comparten habitaciones con turistas y otros residentes. Durante el día intentan buscar sitios para hacer clases en castellano y, si no pueden hacerlo porque las condiciones no son favorables, pasan el día por la calle o en los parques.

Algunos de ellos cumplirán en pocos meses la mayoría de edad y es clave que la Generalitat les ofrezca recursos para que puedan vivir. Según avanza El Periódico, es habitual ver a los chicos vagando por los alrededores del centro donde están alojados, enganchados a un teléfono móvil  y sin poco que hacer.

BUSCAN SOLUCIONES

En una habitación los educadores han construido un despacho improvisado para poder llevar el control de la situación de cada menor. Desde el equipo educativo señalan que “ni podemos trabajar” y algunos adolescentes ven que sus expectativas no se cumplen. En esta línea, una quincena de los menores, atendidos entre noviembre y diciembre, constan ya como fugados del centro.

A parte de los hostales, la Generalitat también ha recurrido a hoteles y casas de colonias para albergar a los chicos. Los responsables de los alojamientos turísticos señalan que “no nos han causado ningún problema” pero explican que a partir de junio no les podrán acoger porque los hoteles están reservados para los turistas.

ALTERNATIVAS REALES

Según los educadores, el problema es que los hoteles, albergues y casas de colonias “provisionales” no se pueden dar alternativas reales ni oportunidades formativas a los jóvenes, que es lo que más necesitan. El Col·legi d’Educadors Socials lleva meses denunciando la supuesta “improvisación” de recursos por parte de la Generalitat que señalan que no tienen capacidad de dar alternativa educativa.