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Los centros penitenciarios de régimen abierto (a los que los internos sólo van a dormir) que había en Barcelona han cerrado sus puertas. La culpa es del coronavirus. La antigua prisión de Joves de Trinitat, donde pernoctaban algo más de 200 reclusos, ya no alberga a nadie desde el pasado sábado, cuando fue trasladado su último inquilino. Y el centro abierto de Wad Ras, en el que hay 200 hombres y 60 mujeres, también bajó la persiana, aunque la prisión normal sigue funcionando con 110 reclusas de baja conflictividad.

El pasado 15 de marzo, apenas 48 horas después de ser decretado el estado de alarma, el sindicato Acaip, mayoritario en prisiones, pedía al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asumiese el mando directo de los centros penitenciarios de Cataluña debido a la falta de material de protección de los trabajadores. Cinco días antes, Acaip había pedido a la consejera de Justicia, Ester Capella, la aplicación de medidas que ya estaban aplicándose en el resto de prisiones españolas. La consejera no respondió.

Ahora, la situación es aún peor. Tanto que se han tenido que tomar las decisiones drásticas de prescindir de unas plazas que deberían haber sido imprescindibles en la capital catalana. Para mayor abundamiento, Acaip había pedido que la Unidad Militar de Emergencias (UME) limpiase el centro abierto de Trinitat. “Pero los políticos no quieren oír ni hablar de la UME. Les produce urticaria. No quieren que el Ejército entre en infraestructuras catalanas. En vez de eso, una empresa privada comenzó a limpiar el centro. Es decir: se hace por trozos y con coste para las arcas públicas, cuando lo hubiera podido hacer gratis la UME, tal y como habíamos pedido nosotros”, explica Francesc López, coordinador de Acaip en Cataluña.

CAPELLA
Ester Capella, consejera de Justicia de la Generalitat

PACTOS INCUMPLIDOS

El dirigente sindical es consciente de la masificación que hay en las cárceles, pero achaca la misma a la mala planificación de los políticos. “En Barcelona, ERC sacó pecho muchas veces arrogándose el mérito de haber cerrado la cárcel Modelo. Pero eso ha sido un error mayúsculo: antes de cerrar esa prisión, se deberían haber construido otras prisiones para alojar a los reclusos y no contribuir a la masificación de las cárceles catalanas”, señala López.

De hecho, Acaip culpa a los políticos de no haber respetado los acuerdos a que habían llegado con los sindicatos. “Prometieron que iban a construir dos centros en la Zona Franca: uno de preventivos y otro de régimen abierto. Todo, antes de cerrar la Modelo. Pero han pasado tres años y no se ha puesto ni la primera piedra. De los acuerdos firmados no queda nada. Los 1.000 reclusos que estaban en la Modelo se pasaron a otras prisiones y se acabó. ¿Qué pasaría si de repente se eliminaran 1.000 camas de un hospital público? Pues esto es algo parecido”.

SE DERIVAN DETENIDAS A BRIANS

El coordinador de Acaip explica que si se hubieran hecho las cosas bien, ahora no habría tanto riesgo de contagio. “La consejera dice que cuanta más gente se confine en casa, mejor. Pero eso lo tenían que haber visto antes: con unas cárceles menos masificadas, el riesgo de contagio sería menor”. Es cierto, no obstante, que esa misma excusa es la que se utiliza para justificar la excarcelación de los políticos que cumplen prisión tras ser condenados por el referéndum del 1 de octubre.

Cárcel La Modelo / PERE LÓPEZ - CREATIVE COMMONS
Exterior de la antigua cárcel Modelo

De todos modos, nadie duda de que la situación es pésima. “No le falta razón a Capella cuando dice que sería bueno no tener a tanta gente dentro. Sería mejor esponjar las cárceles. En Barcelona, el centro de referencia de mujeres es Wad-Ras, pero se están derivando ya detenidas a Brians 1 porque en la capital no hay capacidad para aislarlas durante 14 días”, reconoce Francesc López.

EL DOBLE DE BAJAS

Los funcionarios de prisiones se quejan de que, además de no tener equipos de protección individual, tampoco saben si están contagiados. De los 5.200 trabajadores del sector, unos 800 están de baja. Esta cifra no es toda ella culpa del coronavirus. “De hecho, el número de bajas que suele haber es de unas 400, por lo que ahora hay otras 400 añadidas, casi un 10% de la plantilla más. Pero no se han hecho tests a los trabajadores, por lo que no sabemos si realmente tienen el coronavirus”, asegura el coordinador de Acaip. El hecho incontrovertible es que el número de bajas es el doble de lo normal.

Por otra parte, a los internos que tienen síntomas, sí se les hacen los análisis correspondientes, así como a compañeros de celdas. Pero a los funcionarios que los cachean sin protección alguna nadie les ha realizado test alguno, por lo que puede haber trabajadores que son portadores asintomáticos. “La propia OMS dijo que los tests son fundamentales en la lucha contra la pandemia”, se queja Francesc López.

Además, critica, tal y como denunció Acaip, de que la Generalitat comenzó el reparto de mascarillas quirúrgicas el día 18 de marzo entre los funcionarios de prisiones. “El uso de estas mascarillas quirúrgicas se acompañaba de la patética orden de no desecharlas, pues no existía reposición, dando lugar a la esperpéntica situación de tener que hacer servicio tras servicio con la misma mascarilla desechable”, dice una nota del sindicato. El colofón de la historia no es menos esperpéntico: el pasado viernes 27 de marzo, se anunció que comenzaban a repartirse mascarillas FFP2. Lo malo es que estaban caducadas.

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