El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) está inmerso en una dura lucha interna por el procés. La decisión tomada en su día por el entonces decano del colegio, Lluís Comerón, de mostrar el apoyo de la institución al referéndum de independencia convocado por la Generalitat y adherirse al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, ha provocado un cisma en el seno de la entidad que se está sustanciando en los tribunales de justicia.

Un grupo de arquitectos, entre los que se encuentra el grupo de Arquitectos Unidos, presentó una demanda contra a los responsables del COAC por posicionar ideológicamente a la institución. La sentencia de tribunal de primera instancia fue favorable a los demandantes y recurrida por el equipo de gobierno del colegio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ratificó la sentencia de primera instancia.

NUEVO RECURSO

Ante está última sentencia, el equipo de gobierno del colegio, que preside la decana Assumpció Puig, ha decidido presentar un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo, que ha despertado la indignación de los arquitectos que en su día presentaron la primea demanda.

La razón es que el equipo de gobierno está usando el dinero de todos los arquitectos colegiados para defenderse ante la demanda judicial y los arquitectos contrarios a su gestión consideran que deberían pagar de su propio bolsillo su defensa jurídica.

NO EN LA SEDE

Por ello, los arquitectos contrarios al actual equipo de gobierno han decidido explicar públicamente la situación en la que se encuentra este asunto, para lo que en su día pidieron que, como miembros del colegio, se les permitiera hacer uno de una de las salas de la sede del colegio para dar a conocer su postura ante estos acontecimientos.

Sin embargo, y ante su sorpresa, la decana del colegio les ha negado el permiso para usar las instalaciones del colegio, cocretamente la sala de actos, o que ha aumentado su indignación con la postura que mantiene el equipo de gobierno.

Por ello, los arquitectos denuncian el uso partidista que la junta de gobierno hace de la institución “excediéndose en sus funciones y utiliza su posición privilegiada para alcanzar sus propios fines políticos, usando de manera privativa el colegio de arquitectos”.

También exige a la junta directiva que “rectifique, reconozca que se ha excedido en sus funciones y asuma los costes judiciales de su bolsillo y no de los medios de colegio, que pertenecen a todos los arquitectos”.