Las campañas publicitarias de las instituciones, vaya por delante, son necesarias porque son un canal directo de comunicación con los ciudadanos. A veces, ciertamente, hemos de soportar campañas con un único objetivo de propaganda para explicar los parabienes de la administración anunciante. Pero, lo que más sorprende es la publicidad engañosa apadrinada por una institución.

“No et poden tallar l’aigua, no et poden tallar els teus drets. Vine als punts d’assessorament energètic de Barcelona. Posem tota l’energia”, rezan los carteles del Ayuntamiento de Barcelona. Sin duda, los objetivos de la campaña son loables, pero mentirosos, porque plantea el problema de la vulnerabilidad como si el “Superman Ayuntamiento” se enfrentara con la maléfica y pérfida compañía de aguas. Dicho de otra manera, poner en la diana a una empresa por el mero hecho de ser una empresa, y con la oscura intención de crear un estado de opinión en la ciudadanía en contra de la empresa de agua. A nadie se le escapa que el gran objetivo de Colau fue, y es, tomar el control de AGBAR bajo el lema “lo público es mejor y más barato”.

Como no creo que los diseñadores de la campaña estén mal informados, la conclusión es clara: simplemente mienten. Según datos de AGBAR, más de 23.000 familias en el Área Metropolitana están acogidas al fondo de solidaridad, que les permite mantener el servicio sin pagarlo dada su extrema vulnerabilidad. Único requisito, el informe de los servicios sociales de los ayuntamientos. Esto sucede en Barcelona desde el año 2012, y desde hace un año, estas personas tampoco pagan los impuestos que generaban sus recibos. Hasta entonces, el consistorio de la Ciudad Condal si que se los reclamaba. También parece olvidar la susodicha campaña que 21 municipios del entorno barcelonés tienen firmados convenios de lucha contra la pobreza con Aguas de Barcelona. Y otro añadido que el consistorio parece desconocer: 10.000 familias están acogidas a una tarifa social.

En conclusión, la realidad nos dice que a nadie se le corta el agua. Basta con ir a la compañía, y no sólo al Ayuntamiento, para explicar su situación. Y será el consistorio, los servicios sociales, que le darán validez. Hay un acuerdo sólido entre administración y empresa privada, que funciona y que en 2016 la alcaldesa puso de ejemplo de empresa comprometida con la situación de las personas. Entonces, la pregunta es por qué la insistencia del Ayuntamiento en criminalizar a una empresa. La colaboración público-privada es un modelo exitoso y en él, lo público sólo tiene que ejercer un papel de control y de fiscalización de la actividad privada. No se trata, como hace Ada Colau, con la “inestimable” apoyo del concejal Badia, de buscar el cuerpo a cuerpo con argumentos falaces porque, además, señora alcaldesa, nadie ha demostrado, usted tampoco, que lo público sea más eficaz y más barato que lo privado, como es una evidencia en los iconos que ensalza Colau como París y Berlín. En política no todo vale y engañar menos. Sería un detalle que el consistorio retirara la campaña.