El pasado 10 de abril, en un pleno municipal que será recordado en los anales de las cosas a olvidar, además de tumbar las consultas ciudadanas impulsadas por los movimientos sociales y vecinales de la ciudad, se dio carpetazo “por ahora” a la unión del tranvía por la Diagonal. Desoyendo el trabajo desinteresado de colectivos, entidades, Universidades y de los comités técnicos municipales, la mayoría de las regidoras y regidores del consistorio rechazaron un proyecto con un enorme apoyo ciudadano y una urgencia para la movilidad de la ciudad. Más allá de los intereses partidistas de cada quien en la esfera institucional, hay cuestiones de la gestión pública que tienen una especial incidencia en la cotidianidad de la ciudadanía, si no casi todas. Una de ellas es que el transporte en Barcelona se acerca peligrosamente a una situación de colapso que requiere intervenciones sin dilación, otra es que mientras los partidos políticos juegan a su juego, nuestra ciudad clama por políticas decididas que defiendan su sostenibilidad.

Las irresponsabilidades partidistas abundan en la gestión pública, especialmente entre las cuestiones que giran alrededor de las infraestructuras. Remontémonos unos años, concretamente 15. En 2003 comenzaron las obras de lo que estaba llamado a ser el proyecto más ambicioso y faraónico de la Barcelona metropolitana: las líneas 9 y 10 del metro. A través de un túnel de más de 42 kilómetros, una cincuentena de estaciones y 20 intercambiadores, se conectarían 5 municipios en dos líneas totalmente automatizadas. Una infraestructura clave para descentralizar el intercambio metropolitano de Barcelona a través de barrios con altos niveles de densidad residencial. El Plan Director de Infraestructuras diseñado por la Generalitat en 1999 también incluía la prolongación de la línea 2 de metro desde Paral·lel hasta el Aeropuerto pasando por Montjuïc y los barrios de la Marina. Según el plan, ya deberíamos llevar unos años disfrutando de toda esta red, pero la realidad es que, hoy en día, la línea 10 no ha llegado a la Marina, no hay nada más que obras paradas entre Collblanc y la Sagrera y a la ampliación de la línea 2 no se le espera.

UNA CHAPUZA INCOMENSURABLE

En efecto, la obra debía estar acabada en 2008 pero, en cambio, diez años después apenas está en funcionamiento una cuarta parte del recorrido. Sé que esta clase de historias nos suenan. Las grandes obras se retrasan, las modificaciones abundan, los presupuestos se disparan,… Y al final es la gente quien paga y se aguanta. Pero todo lo que rodea a lo que estaba llamado a protagonizar la envidia de Europa en cuanto a transporte público se refiere, se ha convertido en uno de las peores chapuzas de la historia política catalana.

El presupuesto inicial de la obra se fijó en 2.464 millones de euros en una previsión eufemísticamente optimista. Pronto el proyecto comenzó a sufrir modificaciones. Una de ellas escandalosa, alrededor de un pelotazo urbanístico en la zona de la Ribera, en el Prat, que levantó una estación en medio de un descampado. Y entre alargar por aquí, cambiar el recorrido por allá, que si al pasar por el Carmel la tuneladora acaba provocando derrumbes y demás, el presupuesto fue engrosando hasta que se triplicó (por ahora).

Es precisamente en 2008, año en el que supuestamente debía empezar en funcionamiento la totalidad del servicio, cuando se fija el trazado definitivo que aún continúa vigente (hasta nuevo aviso). También, después de múltiples diseños de financiación, casi uno por consejero de territorio, en este año se termina de implantar un modelo estrafalario que trata de combinar la iniciativa pública y privada. Por una parte, se concedía la explotación de las estaciones a empresas privadas que, además se encargaban de construirlas y mantenerlas, adelantando liquidez a cambio de su explotación futura. Al final, a la hora de concursarlas, las mismas empresas que ejectutaban la obra, adquirieron estos derechos.

SOBRA PARTIDISMO, FALTA VALENTÍA

Pero la crisis de deuda llegó y con ella llegaron los políticos con tijeras que paralizaron las obras, taparon los agujeros de las estaciones, las vigas de los futuros ascensores pasaron a formar parte del paisaje urbano y la línea quedó partida en dos justo en la zona donde más falta hace. El curioso sistema de financiación hace que, además del presupuesto invertido sine díe, la Generalitat ha de pagar más de 200 millones anuales a las empresas concesionarias en concepto de canon de explotación de estaciones que aún no han entrado en funcionamiento. Un enorme agujero de irresponsabilidad, ineficiencia y sinvergonzonería.

Mientras el tráfico rodado de la ciudad colapsa día a día, cada vez más, las calles de la ciudad y nuestro aire supera sin rubor los límites de contaminación recomendados por la UE y la ONU, las infraestructuras públicas que necesitamos para resolver estas urgencias han bailado al son del partidismo y el escaso compromiso social. Son demasiados los responsables de una insostenibilidad descarada e insoportable. Sobran. Falta valentía, y ya es paradójico decirlo así, para dedicar nuestras instituciones a lo que siempre debieron enfocarse: mejorar la vida vecinal. Y no a enredarlas en chanchullos, juegos de pasillos, chiringuitos y negocietes de tres al cuarto. Porque a veces, además de la dignidad, nos jugamos la salud.