Estos días hemos visto al colectivo taxista de Barcelona muy enfadado y agitado por culpa de la decisión del Gobierno del PSOE de recurrir a los tribunales el actual decreto de la ciudad que limita la actividad de las multinacionales del transporte discrecional de turismos, o como se les conoce cotidianamente, VTS, es decir, de Cabify y Uber, básicamente. De sobra es sabido que estas empresas ejercen una competencia desleal dentro del sector. Sin necesidad de tener que adquirir licencias municipales como los taxis, sin ataduras respecto de convenios de trabajo, sin restricciones respecto de horas y días laborables, representa un auténtico desafío a décadas de esfuerzos por consolidar unas mínimas condiciones dignas de trabajo para las personas que conducen taxis.

Un breve repaso a las tarifas que ofrecen los servicios de VTS da cuenta de la dimensión del problema. Los trayectos tienen un precio medio que apenas alcanza la mitad del de las carreras taxistas. De la noche a la mañana, un sistema que es suficiente para el abastecimiento poblacional, además de permitir el ejercicio digno y ordenado de las jornadas laborales, se encuentra amenazado ante un modelo de negocio sustentado sobre mínimas garantías. Una estrategia mercantil que facilita la elusión de impuestos, extrayendo el máximo beneficio del trabajo ejecutado sin apenas protecciones, sujeto al vaivén de los precios que compiten en una plataforma virtual que es, precisamente, la que se lleva lo mejor del invento: ingresar sin moverse del sofá.

Capítulo aparte, como bien sabemos ya, lo representa el alquiler vacacional y su plataforma más hegemónica y agresiva: Airbnb que ha logrado darle una vuelta de tuerca al concepto de alojamiento para inventar el “establecimiento turístico particular”. Si ya teníamos un enorme problema de viviendas y, sobre todo, un problema de acceso a ellas, en unos años, más de 15.000 han dejado de serlo en Barcelona para reconvertirse en establecimientos turísticos, a la par que más de 40.000 viviendas en toda Catalunya se mantienen vacías esperando un mejor precio de venta. Es el mismo proceso de financiarización de las necesidades básicas, donde el trabajo involuciona a favor de la especulación y el mercado sin control.

Sin embargo, no hablamos de un fenómeno particular de los taxistas o las viviendas. Que se lo pregunten a los mal llamados ryders, esos ciclistas que cargan comida de aquí para allá en las ciudades y que apenas pueden ser capaces de alquilarse una vivienda, pagarse una carrera profesional o planificar una semana. O a las Kellys, al personal de limpieza, de cuidados o de servicios en un sector hostelero cada vez más precarizado, con salarios que representan la mitad de la media salarial barcelonesa. Externalizaciones, fraccionamiento laboral, multiprofesión, flexibilización de los despidos, falsos autónomos… Todos ellos fenómenos in crescendo desde hace décadas, pero especialmente durante la última, que al fin y al cabo han conllevado un acelerado proceso de empobrecimiento general de las rentas del trabajo y un considerable deterioro de las condiciones de acceso a un empleo y una profesión estable.

Me atrevo a etiquetar todos estos fenómenos bajo el membrete de economía no colaborativa, donde las necesidades de las comunidades urbanas no importan, donde la hegemonía la ejercen las relaciones mercantiles sin apenas supervisión ni limitación. Una hegemonía que sustenta la actividad humana a la generación de un plusvalor que huye en cuanto puede de Barcelona para alojarse en los paraísos fiscales más cercanos o más remotos, olvidando inmediatamente el cuidado de la ciudad, su vecindad y su armonía. Porque, no lo olvidemos, mientras los flujos de inversiones no paran de llegar a la capital catalana, los salarios se encuentran en recesión, el paro apenas fluctúa, las expulsiones de viviendas son diarias y el éxodo de la población barcelonesa hacia las periferias es evidente. Si fuese por el mercado, amigo, la gente sobraría.

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