El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado en el Eixample cuatro edificios residenciales, y lo ha hecho por un método poco utilizado por las administraciones públicas: el derecho de tanteo y retracto. Se trata de la posibilidad de adquirir propiedades igualando la oferta del comprador. Tiene el inconveniente de que el precio puede resultar muy alto, aunque en ese caso el consistorio (u otra administración) siempre puede decidir no ejercer ese derecho. Pero, al margen de los problemas que siempre presenta la intervención en el mercado libre, la utilización de este método tiene una gran virtud: la lucha contra el fraude en las operaciones de compraventa, contribuyendo así a evitar el dinero negro. Si el precio registrado es muy bajo y tal vez falso porque una parte se paga en negro y no se declara, la administración iguala ese precio y compra. Quien pensaba obtener beneficios ilícitos se frustra, pero la culpa, desde luego, es suya porque estaba cometiendo un fraude y en el pecado se encuentra la penitencia.

Es evidente que el gobierno de Ada Colau no ha cumplido las expectativas generadas en materia de vivienda pública y que la compra de unos pocos pisos no va a terminar con la demanda real de vivienda social. Pero algo ayuda y, sobre todo, contribuye a poner transparencia en un mercado que no siempre la tiene. Y eso que intervienen los notarios y los registradores de la propiedad.

Miguel Hernández habla de ellos en un vibrante poema titulado “Sonreídme”. Dice así: “Salta el capitalista de su cochino lujo, / huyen los arzobispos de sus mitras obscenas, / los notarios y los registradores de la propiedad / caen aplastados bajo furiosos protocolos, / los curas se deciden a ser hombres / y abierta ya la jaula donde actúa el león / queda el oro en la más espantosa miseria”.

En pocas palabras el poeta agrupó a no pocos símbolos de la explotación capitalista, esa que ha dejado de existir porque ahora se llama “el mercado”. Libre, por supuesto. ¡Ah, la libertad! Ese gran bien que todos desean y protegen. En especial Isabel Díaz Ayuso, caña de cerveza en mano.

En Barcelona todo el mundo es libre de vivir donde quiera. Sólo debe cumplir una condición: tener el dinero suficiente para pagar el piso o la casa que desee. Cumplido ese requisito, ningún liberal bien nacido le negará su derecho a comprar un chaletito con piscina. Otra cosa es hacer de ello un derecho universal.

El precio pagado por el consistorio es de 21,6 millones de euros por 67 viviendas y siete locales comerciales. Eso significa que el precio medio es de unos 290.000 euros. Dada su ubicación y aceptando la palabra del Ayuntamiento de que se hallan en relativo buen estado, resulta inferior a la media del mercado, calculada a partir de los anuncios que cualquiera puede contemplar en los escaparates de las inmobiliarias. El salario mínimo en España es de 1.050 euros al mes. Alguien que cobre ese sueldo, y hay quien cobra menos, necesitaría entre 24 y 25 años para lograr convertirse en propietario de un piso de ese precio. Siempre, claro está, que no comiera ni bebiera ni tuviera ningún otro gasto. Si se diera al vicio del agua corriente, el teléfono y el suministro eléctrico, además de pan y cebolla, igual necesitaba toda la vida y algo más para ejercer su libertad de vivir bajo techado.

Pero aún siendo importante poder ofrecer vivienda (un derecho constitucional) a quien la necesita de verdad, el sistema de tanteo tiene la virtud añadida de igualar los precios registrados con los precios reales y aumentar los ingresos públicos por la vía impositiva. Todos ganan menos uno: el vendedor. Vendedores hay de dos tipos: el especulativo y el individuo necesitado por diversos motivos. El primero, allá se las componga. El segundo estaba mal informado. Se ha extendido la idea de que la compra de una vivienda es una inversión de futuro. Y no es, o no debiera ser, así. La vivienda es una necesidad y las necesidades deberían estar al margen del mercado especulativo. A regañadientes, las clases dirigentes han asumido que salgan parcialmente de él la educación y la sanidad. Reconocer que la vivienda (al menos una vivienda mínima) es un derecho que no puede depender de los vaivenes de la oferta y la demanda es el próximo reto de la izquierda. Al menos de una izquierda que asuma que la libertad sólo es posible si cabe la posibilidad de ejercerla.

La libertad de la derecha está en la barra del bar; la de la izquierda debería de estar en garantizar los derechos sociales.