Uno de los capítulos más claros del programa electoral de Barcelona en Comú de 2015 era el relativo al turismo. Los herederos del espacio que había ocupado el PSUC prometían frenar la gentrificación y meter en cintura la masificación, dos propuestas que parecían novedosas respecto a lo que entre 2011 y 2015 había hecho CiU con el apoyo del PP, y también en relación a la gestión anterior del PSC.

En el primer mandato de Ada Colau, la moratoria hotelera se erigió en la gran apuesta de los comunes. Un aplazamiento que como su propio nombre indica no es una prohibición, sino una planificación ajustada a los intereses de la ciudad que pronto demostró ser en realidad una decisión antiempresarial.

Algo parecido ocurrió con los bares y restaurantes, especialmente en lo que se refiere a las terrazas. En 2018, sin embargo, se reformó la ordenanza que las regula recogiendo algunas propuestas del sector.

La pandemia abrió luego un paréntesis que permitió un aumento del 40% de la ocupación del espacio público: el ayuntamiento concedió 3.618 licencias provisionales, 1.438 de ellas en la calzada; o sea, 11.000 mesas y 43.000 sillas más. Hace un mes que se cerró el plazo para solicitar la consolidación de esos permisos, pero no hay límite para la respuesta oficial.

El gremio está a la espera de que la autoridad municipal se atenga en sus decisiones al contenido de la ordenanza reformada hace cuatro años, porque en las primeras respuestas no ha sido así. Jaume Collboni aseguró hace unos días que el objetivo es consolidar el mayor número posible de veladores.

Se puede estar de acuerdo o no con la política del consistorio en este punto, pero antes deberíamos saber a qué atenernos, conocer en qué consiste esa política. Y en el caso de Barcelona no hay certeza, aunque cabría pensar que la eliminación de las 2.652 plazas de aparcamiento que conllevan las licencias provisionales es muy golosa para el equipo de gobierno.

Si es posible, y aunque solo sea por una vez, hagamos el ejercicio de no compararnos con Madrid. Miremos al País Vasco. Bilbao, gobernada por una alianza PNV-PSE, ha sido el último de los municipios de Vizcaya en volver a la situación prepandemia: el 1 de mayo desaparecieron todas las instalaciones en la calzada que allí bautizaron como “terrazas covid”. San Sebastián, dirigida por la misma coalición, está pendiente de adoptar uno de estos días idéntica medida, que entrará en vigor antes del verano. Vitoria, sin embargo, ha optado por modificar la ordenanza y permitir anclajes en la calle con los que fijar los toldos de esas instalaciones para hacerlas permanentes; y allí también mandan nacionalistas y socialistas. Políticas distintas, incluso de los mismos partidos, pero claras.

Uno de los requisitos de la democracia es que sea previsible, que la seguridad jurídica esté por delante de la ideología. Algo que en Barcelona no ocurre.