Llevamos ya unos buenos años escuchando mucho sobre el problema de la vivienda en las ciudades españolas, especialmente en Barcelona. Sabemos que, a cada mes que pasa, se baten récords en los precios y, hoy en día, el alquiler por metro cuadrado en la ciudad es el más alto de nuestra historia. En barrios como Ciutat Meridiana, el Gòtic o Sant Antoni, los desahucios forman parte de un día a día que se lleva expandiendo por la ciudad desde hace ya una década. Paro estructural, salarios decrecientes y costes de la vida disparados…, la vida urbana se ha precarizado enormemente durante esta crisis.

En este escenario que ya hace tiempo que lleva empujando a la ciudad a un punto de no retorno vecinal, con expulsiones diarias a una escala jamás vista, el pasado 9 de mayo, a pocos días de la investidura del nuevo President, la Generalitat anunció la subasta de 47 inmuebles, muchos en Barcelona: 26 viviendas, solares, locales comerciales, estudios, una nave industrial, etc. El Departamento de Economía y Hacienda pretende vender al mejor postor el próximo 5 de julio todas estas propiedades procedentes de herencias sin herederos que el Govern anterior se había comprometido a destinar a viviendas y usos sociales con las que ahora quiere conseguir cerca de 5 millones de euros de liquidez.

Compromisos políticos que caen en saco roto frente a las oportunidades mercantiles de una Administración que jamás ha pretendido revertir el modelo socioeconómico que está abocando a Catalunya a los índices de desigualdad más escandalosos de la historia de la democracia, sino todo lo contrario. Los fondos de inversión preparan sus espadas para hacerse con la totalidad de las ofertas y, de paso, sacar una buena tajada de sus pujas, reconvirtiendo los inmuebles en pisos de alto rendimiento y negocios destinados a inflar aún más la vorágine especulativa.

Dos de los edificios que pretenden subastar están ocupados por inquilinos que llevan años pagando sus rentas a la Generalitat. Uno ha sido recientemente “indultado” gracias a la presión vecinal, en el barrio Gòtic, y tras la visita del propio President al tradicional Mesón del Café que se encuentra en sus bajos y que hubiese sido inmediatamente asediado por su nuevo comprador para que abandonara su negocio de renta antigua. Esta visita y rectificación política representa uno de los mayores gestos de cinismo que podemos presenciar y un ejemplo más de que el Govern hace política de espaldas a los intereses vecinales. Basta bajar a la calle, presenciar el drama y escuchar a la ciudadanía para caer en la cuenta de que lleva mucho tiempo recorriendo el camino contrario a la “representación ciudadana”.

Otro de los edificios, en el barrio de Les Corts, con dos bloques y nueve plantas llenas de inquilinos, no ha corrido por ahora la misma suerte. Sigue vigente su puesta en venta y las decenas de familias que allí viven corren el riesgo inminente de expulsión. Otro más. En una situación asfixiante para el derecho a la vivienda en una ciudad global como es Barcelona hoy en día, se necesitan administraciones que defiendan a su vecindad y hagan todo lo que esté en su mano para detener la sangría, y no precisamente dejarla desamparada.

Hace décadas, el sociólogo francés Henri Lefebvre formuló, allá por 1968, el hoy tan nombrado “derecho a la ciudad” para referirse a la urgente necesidad de reapropiación ciudadana de los entornos urbanos en medio de una dinámica de creciente mercantilización de las ciudades que estaba subvirtiendo las prioridades políticas. Cincuenta años más tarde, las ideas de Lefebvre se han convertido en evidencias. Barcelona ha sido arrastrada hacia un escenario crítico donde cada rincón es una oportunidad financiera, produciendo la exclusión de las mayorías. Necesitamos a instituciones que hagan frente a esta espiral y que pongan en marcha políticas que permitan a su vecindad quedarse en sus barrios si así lo desean. La subasta de la vergüenza se tiene que parar.