El Gobierno catalán (quizás sería mejor hablar del desgobierno) ha aprobado una norma que pretende regular el precio del alquiler de viviendas en toda Cataluña aunque afecta, sobre todo, a la ciudad de Barcelona. El decreto ha sido recibido de forma diferente por arrendadores y arrendatarios. Los primeros, en general, lamentan la interferencia en lo que, sostienen, ya regula el mercado. Los segundos, en cambio, creen que se trata de una regulación claramente insuficiente que no arreglará nada y dejará a los inquilinos en la incertidumbre de si podrán asumir los incrementos futuros en el alquiler. Unos y otros sugieren la posibilidad de que la medida sea inconstitucional y, por lo tanto, tumbada si se recurre a los tribunales.

El Ejecutivo sugiere intervenir en zonas “tensas”, entendiendo por tal aquellas en las que la escasez de vivienda haya provocado un incremento de los alquileres muy por encima de la media catalana. Una expresión imprecisa que admite cualquier cosa.

El alquiler de viviendas en Cataluña (incluyendo Barcelona) ha subido un 29 % en los últimos cuatro años, pero si se considera sólo la capital, el aumento ha sido bastante mayor: 35 %, según datos del Observatorio Desc, centrado en los derechos sociales. Lo mismo ocurre con las zonas en las que el coste de la vivienda supone al menos el 40 % de los ingresos de la unidad familiar. En Cataluña son el 37 %, pero en Barcelona llega al 42,5 %.

Aunque el decreto pretende limitar los aumentos de los alquileres, establece un montón de excepciones. Por ejemplo, las viviendas de obra nueva o rehabilitadas de forma amplia podrán aumentar el alquiler en un 20 %. El mismo porcentaje podrá aplicarse en no pocos casos.

Cuando la inflación no supera el 2 % y los salarios suben menos que eso, hablar de contención del mercado inmobiliario limitando las subidas al 20 % parece puro sarcasmo.

No es de extrañar que tanto el Observatorio como el Sindicato de Arrendatarios y la PAH hayan calificado el decreto como “insuficiente y con muchas lagunas”. Y eso que, de momento, no propone pintar las fachadas de amarillo.

De todas formas, la norma se ajusta a lo esperado en un gobierno de tendencia neoliberal. El partido (o lo que sea) que apoya a Joaquim Torra y sus escuadras tiene un proyecto socioeconómico en el que se tiende a intervenir poco o nada en el mercado. Se supone que es este el que lo regula todo. Los correligionarios de Puigdemont son ultraliberales. Si fuera por ellos, sus europarlamentarios estarían en el grupo ALDE (los liberales que acogen también a Ciudadanos). En lo económico coinciden, y a veces con la FAES. Si no lo están es porque fueron expulsados el pasado mes de octubre, sospechosos de una deriva escasamente democrática y antieuropeísta. Ellos defienden al propietario sobre todas las cosas. Y ni ellos están contentos.

Lo llamativo es que la izquierda, quizás ocupada con la campaña electoral y sus secuelas, haya dejado pasar el oportunismo del Govern: aprueba un decreto de constitucionalidad dudosa, para que sea recurrido y poder quejarse luego, dado que el victimismo le da buenos resultados. El decreto se hace, además, de espaldas a los sectores afectados.

La izquierda tendrá que abordar en algún momento eso que dice la Constitución española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (artículo 47). 

¿Es el derecho a la vivienda del mismo tipo que el derecho a la educación o a la atención sanitaria? ¿Deben, por tanto, los gobiernos garantizar un mínimo y dejar sólo el resto al mercado?

El decreto del Gobierno catalán no hace nada de esto. Aunque, para ser precisos, en la frase anterior sobra “de esto”.