El viernes pasado, Barcelona recibió la visita de la llamada republiqueta, la ocurrente definición con que Felipe González se refiere el proyecto de república abierta a 17 referéndums secesionistas que defiende Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno.

Pero este género menor de la política española no llegó en esta ocasión de la mano del líder de Podemos, sino de la cúpula del poder judicial, muy revuelta estas últimas semanas por sus cuitas internas. El Gobierno se había opuesto a la asistencia del Rey a la entrega de despachos de la 69 promoción de la escuela de jueces, con sede en Barcelona. Primero alegó que era por motivos de seguridad, quizá relacionados con eventuales algaradas tras la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra en el caso de que esta se hubiera producido; pero después balbuceó distintas razones hasta dejar en el aire el verdadero motivo de su decisión. Aunque la jefatura del Estado no había llegado a confirmar la asistencia de Felipe VI, estaba prevista.

La última vez que el monarca participó en un acto semejante fue precisamente en la apertura del año judicial, el 7 de septiembre, el mismo día en que se filtró que Pedro Sánchez y Pablo Casado habían pactado en agosto la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero que el presidente del PP se había echado atrás cuando Cayetana Álvarez de Toledo lo reveló en venganza por su cese y por haber sido excluida de las negociaciones.

Con esa noticia aún caliente, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo utilizó su tribuna para echar en cara a los partidos la tardanza en la renovación, lo que él considera una “seria anomalía" democrática. Y lo hizo ante el jefe del Estado. Lesmes tiene razón, pero, sin embargo, cree que esos dos años de caducidad de su cargo no invalidan al CGPJ, de mayoría conservadora distinta de la composición actual de las Cortes Generales, para seguir nombrando jueces y fiscales y proponiendo ascensos. El Gobierno no podía tomárselo más que como se lo tomó. Era algo parecido a que el jefe del Jemad aprovechara la Pascua Militar para criticar las decisiones del Ministerio de Defensa, del presidente del Gobierno o de la mayoría parlamentaria. Inédito e inaudito.

Trasladado a Barcelona apenas dos semanas después, Lesmes no se privó de manifestar su “enorme pesar” por la ausencia del Rey en la clausura del acto. Un miembro del CGPJ, nombrado por cierto a propuesta del PP, animó después a los presentes a gritar un “¡Viva al Rey!” que sonó mucho más vehemente y cuartelero que equilibrado y togado. Y por si quedaba alguna duda de las intenciones de la cúpula de los jueces, Lemes filtró que el Rey le había telefoneado para decirle que a él también le hubiera gustado asistir a la entrega de despachos.

Lo que la Zarzuela consideró una simple llamada de cortesía, sin consideración institucional, Lesmes transformó en un pronunciamiento público de apoyo en su enfrentamiento con el Gobierno. Es difícil saber qué intención tenía el jefe del Estado al descolgar el teléfono, aunque sería deseable que la interpretación del presidente del CGPJ fuera errónea. Da la impresión de que cuando Carmen Calvo, la también vicepresidenta del Gobierno, dice que TODOS los protagonistas del episodio del viernes deben respetar su papel institucional está pensando en el monarca.

Los más tontos del lugar aprovecharon para arremeter contra el Rey y reivindicar su republiqueta; tampoco faltaron los de siempre, los pescadores a río revuelto. Cualquier cosa con tal de desviar la atención sobre lo que de verdad importa al país.

Y, ya puestos, la mejor juez de la promoción también se dejó llevar en su plática. Era la primera vez que un alumno pronunciaba un discurso en este acto. La joven de 27 años --hija y nieta de fiscal; sobrina de juez-- quiso seguir la línea trazada por Lesmes el 7 de septiembre y se lanzó a criticar con absoluto desparpajo los equilibrios --"juegos"-- políticos en la organización del poder judicial: se refería nada más y nada menos a cómo dice la Constitución que deben ser elegidos los miembros del CGPJ. Y luego hay quien se extraña de que el ministro de Justicia, el también juez Juan Carlos Campo que estaba allí de convidado de piedra, resoplara: "¡Se han pasado tres montañas!".